Política de inmigración
Extremadura y Castilla y León se suman a Aragón y también rechazan el reparto de menores migrantes de Ceuta
Los vicepresidentes de Vox envían la misma carta a la ministra Rego, con idénticos mensajes, para negarse a la acogida de menores procedentes de la crisis de Ceuta

Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán se felicitan tras el pleno de investidura del presidente de Castilla y León. / CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

Los vicepresidentes de Vox de Extremadura y Castilla y León se suman al de Aragón con su envío de cartas a la ministra de Juventud, Sira Rego, para comunicarle que no asistirán a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto, que abordará la situación de los menores migrantes en Ceuta, y que rechazan su traslado a otras comunidades.
Los vicepresidentes de Vox, Óscar Fernández (Extremadura) y Carlos Pollán (Castilla y León) se unen a Alejandro Nolasco (Aragón) y han denunciado también en sus cartas que en la convocatoria del ministerio "no existe ni una sola mención a los gravísimos hechos" ocurridos en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio cuando la entrada masiva de migrantes "forzaron nuestra frontera poniendo en serio riesgo la seguridad nacional, el orden público y la integridad de los españoles". Tampoco se explica en la convocatoria, se quejan, de la "responsabilidad" del Gobierno en asegurar la frontera "ni el ofrecimiento formal de Marruecos" para hacerse cargo de todos los menores. Es decir, los tres vicepresidentes han enviado las cartas con un contenido muy similar.
En las cartas, exigen que estos menores -de momento hay registrados oficialmente 1.342- no sean trasladados a otros territorios mientras no hayan concluido los expedientes individualizados, "que son exigidos legalmente" y, en cualquier caso, anuncian a la ministra que impugnarán todo expediente que no finalice con el retorno a Marruecos.
Vox argumenta en los escritos que el rechazo a que estos menores vayan a otras comunidades lo sustentan en "el estricto" cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional y del principio del interés superior del menor.
Según dicen, la legalidad "impone" la reunificación familiar y la devolución al país de origen y reclama una valoración individualizada, excluyendo toda actuación automática o colectiva, como ya indicó el Tribunal Supremo.
Además, argumentan que es precisamente el reparto de los menores lo que dificulta que sean localizados por sus padres, retrasa los expedientes de retorno y "perjudica" al niño.
Recuerdan, en este sentido, que Marruecos ha sido calificado "como país seguro por el Consejo y el Parlamento Europeo" y su Gobierno ha expresado la voluntad de recuperar a los menores de su país que se encuentren actualmente en suelo español.
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