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Política de inmigración

El Gobierno de Aragón pide "paralizar el reparto de 'menas' y devolverlos a Marruecos"

El vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox) adelanta el rechazo de Aragón al reparto de los menores llegados a Ceuta en la crisis humanitaria de la pasada semana y anuncia la ausencia de la comunidad de la conferencia sectorial convocada por la ministra Rego

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. / Miguel Ángel Gracia

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Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

El Gobierno de Aragón rechaza el reparto de menores migrantes que llegaron a Ceuta el jueves de la semana pasada en la crisis humanitaria que llevó a miles de personas -muchos de ellos, jóvenes- a atravesar la frontera entre España y Marruecos a nado. El Ejecutivo de Jorge Azcón ha dado a conocer su postura este sábado por boca de su vicepresidente y líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, quien ha pedido por carta a la ministra Sira Rego "cumplir la ley, paralizar el reparto de menas y devolverlos a Marruecos". No dice que el vicepresidente que la ley de protección del menor y las sentencias del Tribunal Supremo llaman a estudiar caso por caso la situación de los menores que traspasan la frontera.

A través de un comunicado oficial del Gobierno de Aragón, el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia ha anunciado que no asistirá a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada el 13 de agosto. Así se lo ha comunicado por carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a la par que le ha hecho saber la negativa de Aragón al traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta. En este punto, afirman desde Vox, la versión del vicepresidente "es la posición de todo el Gobierno".

Las declaraciones de Nolasco se producen solo un día después de que la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, emitiera un decreto en el que establece pautas que incluyen la posibilidad de que "la entidad pública de la comunidad autónoma de destino rechace o muestre reticencias para asumir de forma inmediata la recepción efectiva de las y los menores que por reparto le correspondan".

Así, el fiscal del lugar de origen, que en este caso serían los que operan en Ceuta, deberá informar a su compañero del lugar de destino, quien, a su vez, deberá requerir a la administración competente sobre su obligación de acoger a los menores e incluir en este documento una advertencia "de las posibles responsabilidades que pudieran deducirse", si este requerimiento se incumple, "y en su caso ejercer las acciones que correspondan".

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el vicepresidente, Alejandro Nolasco, el día que tomaron posesión los consejeros.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el vicepresidente, Alejandro Nolasco, el día que tomaron posesión los consejeros. / MIGUEL ANGEL GRACIA

La carta de Nolasco a la ministra

Nolasco denuncia que en la convocatoria del ministerio "no existe ni una sola mención a los gravísimos hechos ocurridos en la ciudad autónoma de Ceuta: la infiltración masiva de decenas de miles de extranjeros que forzaron nuestra frontera, poniendo en serio riesgo la seguridad nacional, el orden público y la integridad de los españoles". Una convocatoria que "tampoco explica la responsabilidad del Gobierno de España en asegurar la frontera".

Y en su comunicado, señalan que el Gobierno de Aragón "exige" al Gobierno de España "abstenerse de preparar, acordar o ejecutar traslado alguno de menas procedentes de Ceuta mientras no hayan concluido los expedientes individualizados y que son exigidos legalmente".

Exigen también "remitir el expediente completo y la certificación de la situación administrativa de cada menor cuyo traslado se pretenda" y avisa de que "el Gobierno de Aragón impugnará judicialmente todo expediente que no finalice con el retorno a Marruecos".

Además, reclaman "impulsar con la máxima diligencia los procedimientos de reunificación familiar y, cuando legalmente proceda, de retorno al país de origen mediante entrega a las instituciones de protección competentes del Reino de Marruecos".

Al mismo tiempo, Nolasco ha reiterado a la ministra Rego que "el Estado debe acreditar la minoría de edad de los menas", a pesar de que la ley establece que las pruebas de edad solo deben realizarse en los casos en los que existan dudas de la minoría de edad del migrante. También reclama "tramitar el procedimiento del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con el fin de localizar a los progenitores o a la institución tutelar marroquí, emitir los informes preceptivos y dictar resolución motivada".

Nolasco dice que cumple la ley

Desde la formación del Gobierno PP-Vox, los posicionamientos más controvertidos vinculados a la gestión de la inmigración se han abordado, según esgrime el pacto de ambos partidos, "con el estricto cumplimiento de la ley". Así, a pesar de contravenir lo dictado por la fiscal general del Estado este viernes, el vicepresidente de Aragón ha subrayado que la oposición al traslado de menores responde "al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional".

Ha llegado a apelar al interés superior del menor, insistiendo en que este "se basa en la reunificación familiar y la devolución al país de origen", olvidando que hay menores migrantes que viajan solos y que no tienen lazos familiares o que escapan precisamente de situaciones de violencia. Además, el vicepresidente ha exigido "una valoración individualizada, excluyendo toda actuación automática o colectiva, como ya indicó el Tribunal Supremo”.

Nolasco ha agregado que "carece de fundamento trasladar a los menores a otra comunidad para que asuma las consecuencias de una competencia estatal no concluida", puesto que "la competencia sobre Extranjería corresponde en exclusiva al Estado".

Asimismo, el vicepresidente ha puntualizado que "es precisamente el reparto lo que dificulta la localización de progenitores, retrasa los expedientes de retorno y perjudica al propio menor". "Marruecos ha sido calificado como país seguro por el Consejo y el Parlamento Europeo y ese mismo país ha manifestado la voluntad de recuperar a los menores de su país que se encuentren actualmente en suelo español", ha concluido.

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