El nuevo convenio de los barrios rurales de Zaragoza está cada vez más cerca: el ayuntamiento y la DPZ buscan acercar posturas

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) han abierto una vía de diálogo para tratar de resolver las discrepancias económicas del convenio par dotar de servicios a los barrios rurales correspondiente al periodo 2021-2024. Así lo ha explicado el concejal de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, tras la reunión mantenida entre ambas instituciones, en la que ambas partes han mostrado su voluntad de "acercar posturas" y avanzar hacia un nuevo acuerdo.

El principal punto de conflicto se encuentra en la cantidad que cada administración considera pendiente, ya que la institución provincial reclama a la capital aragonesa dos millones de euros, mientras que el consistorio sostiene que es la diputación quien debe abonar cuatro millones de euros. Mendoza ha reconocido que ambas instituciones parten de posiciones "muy distantes, antagónicas", aunque ha destacado el tono constructivo del encuentro. "Hemos acordado que en los próximos días intercambiaremos los informes técnicos", explicaba.

De este modo el ayuntamiento trasladará a la institución provincial la documentación elaborada por los servicios técnicos de distritos, y a cambio, recibirá os informes que utiliza la DPZ para defender su reclamación. El objetivo de ambos consiste en encontrar una posición común que permita cerrar el convenio anterior y comenzar después las conversaciones para un nuevo convenio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza defiende que ha cumplido con la ejecución de las obras previstas. Según el concejal, la institución municipal ha destinado a actuaciones en los barrios rurales los 8,01 millones de euros transferidos por la DPZ. "El 100% del dinero que la diputación transfirió al ayuntamiento para hacer obras en los barrios, 8.010.000 euros han sido ejecutados", señalaba.

El responsable zaragozano sostiene que estas actuaciones pueden comprobarse mediante las certificaciones de obra y también sobre el propio terreno: "Son realmente visitables porque son obras que están hechas". La discrepancia se centra, por tanto, en el periodo en el que debían ejecutarse esas actuaciones, debido a que la ciudad interpreta que el convenio tenía una duración de cuatro años y que cada anualidad contemplaba una aportación de cuatro millones de euros por parte de la DPZ.

Mendoza ha insistido en que Zaragoza mantendrá su reclamación mientras dure la negociación. "El Ayuntamiento de Zaragoza no va a dejar de reclamar lo que cree en verdad que le corresponde", afirmaba. Para el concejal defender esa posición supone también proteger los intereses de los barrios rurales y de sus vecinos. Al mismo tiempo, ambas instituciones han coincidido en la necesidad de recuperar la colaboración a través de un convenio renovado. El objetivo para por mantener la aportación provincial para financiar infraestructuras y servicios en los barrios rurales, especialmente en aquellos que necesitan actuaciones para equilibrar sus dotaciones con el resto de la ciudad.

De esta manera, Mendoza ha resumido la posición municipal en tres ideas: voluntad de acuerdo, defensa de los intereses de los barrios rurales y disposición para elaborar un nuevo convenio. La clave pasa por cerrar el conflicto económico y recuperar la colaboración institucional que, según ha señalado, "había marcado la relación entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ durante las últimas décadas".

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