Del caso del IES Ítaca a la orden que regula las extraescolares en Aragón: el camino hasta una norma polémica

El curso escolar terminó en Aragón con polémica. La regulación de las actividades extraescolares y complementarias salió a debate en abril después de que se conociera la acusación ejercida contra dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel (Zaragoza) por la muerte de un alumno en un viaje de estudios a Bélgica en marzo de 2022. Desde entonces y hasta julio, la comunidad educativa y los sindicatos se movilizaron con protestas, recogidas de firmas y otras acciones y después de cuatro meses, Educación ha anunciado que este martes 25 de agosto el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicará una norma transitoria con la que se ordena de forma temporal estas salidas. A juicio de las organizaciones sindicales, que conocen lo hecho público por el departamento al no haber tenido previo acceso a la orden, es "insuficiente".

A comienzos de abril se hizo público que dos profesores del IES Ítaca iban a ser juzgados por la Audiencia Nacional por un presunto delito de homicidio imprudente a raíz de la muerte del estudiante Mario Conesa en un viaje escolar a Bélgica. A mediados de mes, el claustro del centro decidió suspender todas las extraescolares por la "desprotección jurídica" y las "gravísimas repercusiones legales" sobre sus dos compañeros investigados.

Aquella decisión sentó un precedente y decenas de centros se sumaron a la cancelación de extraescolares para, por un lado, solidarizarse con el Ítaca y, por otro, evidenciar la necesidad de que el profesorado cuente con una norma legal que les respalde en casos como el sucedido. No fue esta la única medida. En mayo, el sindicato CCOO registró en la sede del Departamento de Agricultura las "miles" de firmas recopiladas en las semanas previas para urgir una norma reguladora.

Días después, convocaron una bicicletada desde el IES Ítaca hasta el centro de la ciudad para reivindicar que "extraescolares sí, pero no así" e insistir en que el profesorado se encontraba en un "vacío legal". También manifestaron su malestar por la "falta de protección jurídica" durante la huelga de los días 19 y 20 de mayo contra la concertación del Bachillerato.

Llamamiento a la calma

Entonces, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, llamó a la "calma" en las Cortes de Aragón e indicó que ya había trasladado a los sindicatos que abordaría la cuestión "con calma". Las reivindicaciones subieron de tono cuando CCOO se encerró en la sede del Gobierno de Aragón después de que Educación no tratara en la mesa sectorial del 27 de mayo, convocada para debatir otras cuestiones, la regulación de las salidas extraescolares y complementarias.

En aquel momento, los sindicatos habían remitido un escrito a la consejería en el que solicitaban una mesa negociadora sobre la regulación de estas actividades. Dos días después, último día de plazo, el departamento convocó una nueva mesa sectorial para el 4 de junio para, esta vez sí, abordar la polémica de las extraescolares. El encuentro dejó sensaciones "agridulces" en las organizaciones sindicales, que celebraron empezar a abordar la cuestión pero también criticaron que el departamento no hubiera presentado ya una propuesta firme.

Los sindicatos entregaron sus propuestas a Educación, que empezó a trabajar en un primer borrador de la orden y se reunió con la comunidad educativa (asociaciones de directores de Infantil y Primaria, las familias, los sindicatos, etc.). A final de julio, en una mesa técnica, presentaron un marco común que fue mal recibido por las organizaciones sindicales porque consideraron que era "insuficiente", incrementaba la carga burocrática y traslada toda la responsabilidad al profesorado sin ofrecer garantías jurídicas ni respaldo administrativo, entre otras razones.

Son estos mismos puntos los que han vuelto a criticar con la nueva orden reguladora, ya que lo dado a conocer "en nada modifica el borrador presentado" en julio, argumenta CGT. A ello suman que esta norma, que es transitoria y a la que sucederá una definitiva, no se ha abordado en mesa sectorial. Educación traslada que es una orden que permite que este curso haya una normativa en vigor y marca los primeros pasos. La intención es empezar el proceso administrativo de la definitiva en 2027, cuando también se juzgará a los profesores del Ítaca investigados. El juicio será en enero.

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