El Gobierno de Aragón acusa a Sánchez de organizar un reparto "arbitrario" de los centros de datos sin contar con las autonomías

El Gobierno de Aragón mantiene su pulso con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por las limitaciones al desembarco de inversiones milmillonarias en centros de datos, un sector que ha encontrado su particular paraíso en las provincias aragonesas por las facilidades otorgadas por la DGA y la disponibilidad de suelo y energías renovables, pero cuyos proyectos están en vilo por la saturación de la red eléctrica en el anillo industrial de Zaragoza. La consejera de Economía, Eva Valle, ha acusado al Gobierno central de promover un reparto "discrecional y arbitrario" de los permisos para acceder a la red eléctrica de estos almacenes tecnológicos, después de aprobar este martes el Consejo de Ministros el proyecto de ley que eleva los requisitos para los centros de datos con el objetivo de evitar una burbuja similar a la que se generó con el bum de las energías renovables.

La inminente publicación del borrador, cuyos detalles se han conocido a grosso modo en la prensa, ha sido criticada por la consejera aragonesa, pues ha denunciado que no se ha remitido a las comunidades autónomas el documento que regulará la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos, y por ende, que limitará el acceso al sistema de transporte de energía que opera Red Eléctrica, algo fundamental para el funcionamiento de estas infraestructuras. "La cosa no pinta bien, no solamente por los precedentes, sino porque en estos cinco meses que llevamos desde que el Gobierno central manifestó su intención de aprobar un real decreto, no se ha puesto en contacto en absoluto con las comunidades autónomas", ha dicho la consejera este martes, en declaraciones a los medios de comunicación.

El Ejecutivo aragonés, que ha rechazado en varias ocasiones que exista una especulación en este sector, ha cargado contra el Ministerio de Transición Ecológica por su "incapacidad para desarrollar y ejecutar una planificación adecuada y a tiempo de la red eléctrica". "No ha podido asegurar los accesos suficientes a los diferentes usos alternativos que tiene esa red, entre otros la llegada de inversiones. Como han sido incapaces de llevar a cabo esa planificación, de planificar y ejecutar y de asegurar estos accesos, ahora se erigen en árbitros de ese razonamiento, de esa escasez y establecen unos criterios que todavía desconocemos para decidir a quién se asignará la escasa capacidad de red que existe en este momento", ha criticado Eva Valle.

La razón de ser de la regulación lanzada por los ministerios de Transición Ecológica, Transformación Digital y Economía es evitar una burbuja similar a la que se generó con los permisos de acceso y conexión de las energías renovables al sistema de Red Eléctrica, en el que multitud de promotores se adjudicaron los enchufes para verter energía para después vender los citados permisos a empresas eléctricas a precios muy superiores a los que consiguieron en las subastas.

Así, si en aquel momento el problema se produjo en las posiciones de generación, ahora la saturación está en los accesos para grandes consumidores. Casi una veintena de centros de datos pugnan por hacerse con estos enchufes en el entorno de Zaragoza, donde hay cinco subestaciones que no pueden dar cabida a proyectos de, por ejemplo, gigantes como Amazon Web Services o Microsoft. El Ministerio de Transición Ecológica convocó hace dos años los concursos para dirimir quién lograba los accesos, pero todavía no los ha resuelto. La crítica del Gobierno aragonés pasa por que la inversión en la red eléctrica, que debe ejecutar la matriz Redeia, un operador públicoprivado, es a todas luces insuficiente, pero el ministerio que dirige la vicepresidenta Sara Aagesen cree que hay una auténtica burbuja de proyectos, razón por la que está dilatando la resolución de las concurrencias.

El Gobierno de Aragón lleva años avalando la llegada de proyectos milmillonarios como los centros de datos a través de las declaraciones de interés general de Aragón, paso que precede al PIGA, una fórmula legal que permite acortar los trámites administrativos a la mitad y permite, entre otras cuestiones, exención de impuestos y facultad expropiatoria a los promotores. Preguntada por la existencia de proyectos fantasma en Aragón, la consejera de Economía ha negado que exista especulación en el sector de los centros de datos. "Todos los proyectos que se tramitan como DIGA requieren tener un acceso a la red eléctrica al menos en su primera fase", ha explicado la consejera, matizando que esa limitación se comenzó a realizar hace algunos meses, cuando se endurecieron las condiciones para otorgar declaraciones de interés general.