La criba del Gobierno central planea sobre una treintena de centros de datos en Aragón

El Gobierno central acaba de lanzar una criba para poner coto al desembarco de los centros de datos en España. Lo hará a través de un endurecimiento de las exigencias relativas al consumo de electricidad y de agua, así como en términos de soberanía digital sobre la información que se maneja en estas instalaciones. La directriz, tramitada como un real decreto por procedimiento de urgencia cuyo borrador se publicará esta semana, tendrá un fuerte impacto en Aragón, donde al menos 10 grandes operadores cuentan con el aval del Gobierno de Aragón (y otros dos bastante avanzados asociados a las centrales de gas de Escatrón) para promover una treintena de centros de datos van a encontrarse de golpe con una fuerte regulación que busca dirimir cuáles de estas iniciativas son reales y cuáles responden al espectro de la especulación.

La comunidad aragonesa ha recibido un aluvión de proyectos tecnológicos en los últimos seis años, todos ellos con inversiones milmillonarias que requieren, sobre todo, garantía de suministro eléctrico, lo que en la práctica significa contar con acceso a las posiciones para grandes consumidores del sistema de transporte de energía que opera Red Eléctrica. El sistema eléctrico está colapsado ante el torrente de nuevas peticiones, un problema que se concentra en el entorno de Zaragoza, donde hay entre 15 y 20 centros de datos que quieren conectarse a la red y no pueden hacerlo porque no hay capacidad para dar servicio a todos ellos.

La situación tiene en vilo a gigantes tecnológicos como Amazon Web Services (es el único que tiene tres campus en operación, pero necesita conexión para su plan de expansión en El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y La Cartuja, así como para su nueva apuesta por San Mateo), Microsoft (no tiene garantizada la conexión para ninguno de sus tres complejos), el grupo de empresarios aragoneses que opera bajo el nombre Desarollos Ecoindustriales o la unión entre ACS y la energética Benbros (buscan duplicar su capacidad para su proyecto en Villamayor). Mientras tanto, otros operadores que proyectan una quincena de centros de datos, como los fondos de inversión Blackstone y Azora o las firmas españolas Merlin Properties, Samca o boxtobit, ya tienen acceso garantizado al sistema eléctrico.

En base a la documentación pública que figura en los Proyectos de Interés General de Aragón que se están tramitando ahora mismo, los nueve promotores de grandes centros de datos estiman una potencia instalada eléctrica de 5.200 megavatios, a los que hay que sumar otras dos iniciativas (Repsol y DayOne junto a Ignis) que aportarán otros 846 megavatios eléctricos de capacidad, y también un centro de datos que promueve Forestalia en Calatayud con 410 MW, así como un 33% del proyecto Búfalo, cuyas dos terceras partes compró Merlin Properties. La cifra supera holgadamente las previsiones del Plan Energético de Aragón para 2030, pues prevé la incorporación de hasta 3.700 MW ligados a los data centers; y también las del conjunto de España, que en su estrategia de Inteligencia Artificial se limitaba a una necesidad de entre 3,5 y 4 gigavatios (GW), algo en línea con las estimaciones de la patronal del sector, Spain DC.

Consumo de nuevos parques de energía renovable

Así las cosas, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha encontrado en el acceso a la energía la forma de cerrar el grifo a la especulación que, según entienden desde Moncloa, hay en el sector. La vicepresidenta Sara Aagesen, responsable de Transición Ecológica, que lleva las riendas de la redacción del decreto junto al ministerio de Transformación Digital, ha hablado en varias ocasiones de una "burbuja", similar a la que se produjo con el bum de las renovables hasta 2020, cuando las peticiones de conexión de parques de generación multiplicaron por diez la capacidad que el sistema requería. El incumplimiento de las nuevas exigencias conllevará penalizaciones, sanciones y, en los casos más extremos, la pérdida de la conexión del acceso a la red, lo que implica la muerte de un proyecto de centro de datos.

El Gobierno exigirá, por ejemplo, que un 80% del consumo eléctrico de los centros de datos provenga de fuentes renovables y en las mismas horas en las que ese gasto se produce. Y aún más: los citados parques deberán haberse conectado a la red, como mucho, un año antes de la puesta en marcha del data center, lo que obligará a los promotores tecnológicos (o fondos de inversión) a apoyar la construcción de nuevos parques de energía verde o a firmar acuerdos de compraventa con proyectos recientes. Dicho de otro modo, no servirá firmar contratos con instalaciones ya operativas que nutren a otros proyectos industriales o a la red eléctrica. Del mismo modo, el decreto ley busca que los centros de datos se ajusten a los estándares europeos de eficiencia hídrica y de soberanía digital, lo que obligará a que la instalación esté operada por una entidad establecida en la Unión Europea que mantendrá los datos en territorio comunitario.

¿Cumplen con estos requisitos los centros de datos proyectados en Aragón? Pues difícil saberlo a ciencia cierta. La mayor parte de los proyectos tienen compromisos de cubrir con energías renovables la totalidad de su consumo, pero es complicado saber de dónde tomarán la electricidad dada la confidencialidad que rodea el negocio. En la cuestión del agua, según el recuento realizado por este diario, el consumo total de la treintena de centros de datos rondará los 1.500 metros cúbicos, lo que en términos de demanda industrial es relativamente bajo. En cuanto a la operación por parte de empresas europeas, la mayor parte de las firmas han movilizado sus proyectos con sociedades mercantiles creadas ex profeso en España, por lo que deberá detallar el Gobierno cómo va a asegurarse de que empresas estadounidenses como Amazon, Microsoft o Blackstone cumplen con esta parte de la regulación.

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