El Gobierno de Aragón alegará contra el decreto que busca cribar los centros de datos: "Parece diseñado para hundir nuestro programa de inversiones"

El Gobierno de Aragón plantará batalla contra la nueva normativa con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere cribar el desembarco de estas tecnológicas en España para descartar los proyectos especulativos. La consejería de Economía, Competitividad y Empleo que dirige Eva Valle remitirá a los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital un paquete de alegaciones para tratar de frenar el impacto del borrador de real decreto que acaba de salir a audiencia pública con las nuevas exigencias medioambientales y de seguridad digital.

El procedimiento de urgencia con el que se ha tramitado la normativa ha causado sorpresa en el seno del Ejecutivo aragonés, dado que las alegaciones deben remitirse antes del 4 de septiembre. La responsable del departamento ha denunciado que “ahora solo tenemos ocho días para presentar alegaciones a un Real Decreto que cambia radicalmente las reglas del juego y que contradice las propuestas normativas anteriores". "Este proyecto es especialmente dañino para la comunidad de Aragón y parece diseñado para hundir el programa de inversiones en nuestro territorio”, ha criticado Valle este jueves.

El departamento, según han indicado en una nota de prensa, ya ha mantenido varias reuniones para comenzar a plantear dichas alegaciones antes del 4 de septiembre. El primer contacto con los detalles del borrador han llevado al Gobierno de Aragón ha denunciar “la alarmante inseguridad jurídica" que va a provocar el real decreto, ya que afecta "a todos los proyectos en tramitación que tienen que cumplir unos requisitos legales extremos y muy alejados de los iniciales”.

La consejera ha vuelto a criticar que en los últimos cinco meses, tiempo transcurrido desde el anuncio del Gobierno de elaborar esta nueva normativa, Moncloa "ni ha presentado un proyecto ni ha dialogado con los sectores afectados ni con las administraciones públicas en las que se han comprometido las inversiones”.

El delegado del Gobierno central en Aragón, Fernando Beltrán, ha defendido este jueves la nueva normativa, ya que "exige" los máximos estándares de eficiencia a los centros de datos "en el uso de nuestro agua y nuestra energía". "A mí lo que me preocuparía es que estos proyectos no se tramitaran con los máximos estándares, es una cuestión que preocupa a los aragoneses. Entre otras cuestiones, esta norma busca que el gran consumo de energía de estas infraaestructuras no encarezca la factura de todos los aragoneses", ha dicho Beltrán, en línea con las declaraciones que ha emitido la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

En línea con Aragón, la consejera extremeña de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán (PP), ha criticado este jueves la nueva normativa, sobre todo por el hecho de que vayan a ser tres ministerios del Gobierno los que determinen la madurez de los proyectos y decidan cuáles pueden acceder al suministro eléctrico sin participación de las comunidades autónomas.