El Gobierno de Aragón da el primer paso para blindar la concertación del Bachillerato tras el revés judicial

El Gobierno de Jorge Azcón mantiene su apuesta por concertar el Bachillerato en Aragón y desde Educación ya han dado el primer paso para poder implantarlo en un futuro próximo. El viernes pasado, el departamento lanzó una consulta pública para después elaborar un proyecto de decreto que regule los conciertos educativos en la comunidad. La intención es diseñar una norma autonómica que precise todos los detalles sobre la concertación educativa y sirva para "reforzar la seguridad jurídica" en su gestión. La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, y la vicepresidenta del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, ya aseguraron que trabajarían en la medida para ponerla en marcha en el curso 2027-2028 con "todas las garantías jurídicas".

El Departamento de Educación justifica la necesidad de contar con un decreto autonómico que regule los conciertos educativos en Aragón en que la normativa básica estatal, en la que se han basado hasta ahora, "resulta incompleta" por "tener un carácter básico". El objetivo es contar con una orden específica que establezca "las normas generales aplicables a la suscripción, renovación, modificación, ejecución y extinción de los conciertos educativos, así como los derechos y obligaciones derivados de los mismos", indican.

Según traslada Educación, los "problemas" que se pretenden solucionar el futuro decreto son determinar qué enseñanzas son susceptibles de contar con un concierto educativo y la modalidad de concierto por el que se rigen; establecer los requisitos y criterios para la concertación, el contenido de la misma y las obligaciones y derechos de las partes; regular los procedimientos para acceder a este convenio, su modificación, renovación y extinción; y establecer una normativa genera que regule la ejecución de los conciertos educativos, incluyendo las obligaciones y derechos de las partes y su financiación.

Se trata así de contar con un amparo jurídico con el que se eviten dudas o vacíos legales a la hora de establecer conciertos educativos, como sucedió después de que el Gobierno de Aragón anunciara, mientras estaba en funciones, la concertación del Bachillerato para el curso escolar que está a punto de empezar. Para poder implantarla en esta etapa, la DGA modificó la orden de conciertos educativos publicada el noviembre anterior (2025). La escuela pública insistió en que era una medida "innecesaria" por causas como que en los centros públicos hay vacantes en esta etapa educativa o que se impulsó con un Ejecutivo "itinerante", entre otros muchos.

Para frenar la concertación, 17 entidades recurrieron la modificación de la orden y solicitaron su paralización cautelar. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) estimó favorablemente las cautelares y desde entonces la medida está suspendida de forma temporal. Por plazos (era junio), el Gobierno de Aragón descartó continuar con ella para el curso 26-27 pero afirmaron que la retomarían para el 27-28 con el fin de de "ofrecer certidumbre y seguridad jurídica a las familias", señaló Vaquero.

Con la consulta pública, el Gobierno de Aragón cumple con esta promesa y mantiene su apuesta por la concertación educativa, que defienden que desde que se implantó "ha constituido un instrumento esencial para garantizar una oferta suficiente de puestos escolares sostenidos con fondos públicos permitiendo atender las necesidades de escolarización". Este es otro de los argumentos de los que se sirve la administración para defender la necesidad y "oportunidad" de que se apruebe un decreto que regule los conciertos educativos en la comunidad. A ello suman que "no existe otra alternativa ya que la normativa básica estatal utilizada hasta el momento resulta incompleta en determinados aspectos".

Por ahora, la consulta pública no ha recibido aportaciones. El plazo para realizarlas es hasta el 9 de septiembre, un día después del comienzo del colegio en Aragón. Las entidades que rechazan la concertación del Bachillerato se mantienen pendientes de posibles avances del recurso interpuesto, que fue admitido a trámite.

Suscríbete para seguir leyendo