El Gobierno central podrá tumbar centros de datos que ya tienen energía garantizada en Aragón

La criba masiva a los proyectos de centros de datos que acaba de lanzar el Gobierno de Pedro Sánchez incluye la posibilidad de tumbar iniciativas con garantías de suministro eléctrico. Hasta ahora, los complejos tecnológicos que contaban con accesos asegurados al sistema de Red Eléctrica como grandes consumidores se consideraban como los más maduros por haber logrado una de las patas fundamentales para desarrollar una iniciativa de este tipo. Sin embargo, el borrador de la nueva normativa de la que se han conocido todos los detalles este jueves incluye una batería de exigencias que comprometen la ingeniería y el diseño de iniciativas con un alto grado de tramitación, lo que puede obligar a la modificación de estos proyectos milmillonarios en mitad de la partida.

El texto íntegro del proyecto de real decreto para controlar la expansión de los centros de datos ha causado un auténtico revuelo entre las multinacionales y fondos de inversión que planean la instalación de una treintena de estas infraestructuras en Aragón. Los promotores estudian presentar alegaciones contra la normativa, como confirman varios de ellos a este diario, una batalla legal que también prepara el Gobierno de Jorge Azcón, que ha avalado con declaración de interés general a 11 de estos promotores, entre los que se encuentran Amazon Web Services, Microsoft o Blackstone, entre otros.

Hasta ahora, en el sector se daba por hecho que los centros de datos que se habían adjudicado los accesos como grandes consumidores al sistema de Red Eléctrica tenían vía libre para el desarrollo de sus complejos. En Aragón, un total de 14 complejos estaban en esta situación, lo que supone algo menos de la mitad que hay en desarrollo en la comunidad autónoma, aunque algunos otros planeaban captar electricidad del sistema de distribución (operado por las eléctricas). El resto debían pelearse por conseguir el acceso a la red en los concursos de los nudos eléctricos del entorno de Zaragoza que están saturados hasta que el Ministerio de Transición Ecológica resuelva la concurrencia que lleva dos años paralizada. Sin embargo, el endurecimiento de las condiciones a través del real decreto puede provocar la liberación del estrés sobre el sistema de solicitudes para enchufarse a la red, y precisamente eso busca el Gobierno central: separar los proyectos sólidos de los actores que se han movido en el plano de la especulación para hacerse con los accesos y después venderlos, como ya ocurrió con el bum de las renovables.

Fuentes del sector tecnológico indican a este diario que hay varias cuestiones que pueden obligar a modificar los proyectos que están en una fase de desarrollo intermedia, como es el caso de varias iniciativas que cuentan con el aval del Gobierno de Aragón, ya que las reglas del juego han cambiado a mitad del partido. "Los centros de datos a futuro podrán diseñarse cumpliendo con los nuevos parámetros, pero los que están a mitad de camino, que disponen de acceso y conexión a la red, suelo ingeniería o con los procedimientos ambientales iniciados, pueden verse obligados a financiarse, rediseñarse o construirse bajo unas reglas distintas a las que había cuando se idearon", explican las citada fuentes.

Como se ha publicado desde el Consejo de Ministros de este martes, los centros de datos deberán cubrir el 80% de su consumo eléctrico con renovables, contar con la máxima certificación de eficiencia energética e hídrica y garantizar que los datos que se computan en ellos sean manejados única y exclusivamente por empresas dentro de la Unión Europa. Por ejemplo, este último punto puede obligar a modificar la arquitectura, lo que generará impactos sobre los plazos, autorizaciones, contratos previamente estructurados o el volumen mismo de la inversión.

Habrá problemas para los proyectos ahora en desarrollo

Otro de los requisitos más exigentes para por la obligación de que las renovables que abastecerán a los centros de datos deben promoverse casi ex profeso para estas iniciativas, ya que las fuentes de generación deberán entrar en servicio, como mucho, 18 meses antes que el comienzo de la operación del data center. Esta imposición introducirá una dificultad específica para los proyectos que hoy están en una fase intermedia de desarrollo, ya que no basta con firmar un acuerdo de compraventa de energía con una eléctrica que explote un parque de renovables, sino que es necesario disponer de proyectos de generación que cumplan los requisitos temporales de la norma y acompasar su puesta en servicio con la del centro de datos.

Según apuntan las citadas fuentes, se puede dar una paradoja para los centros de datos cuyo comienzo de operación está previsto para dentro de tres o cuatro años. "Un centro de datos puede disponer de acceso eléctrico concedido, pero no implica que exista capacidad de acceso disponible para la nueva generación renovable que deberá respaldarlo. El proyecto de consumo puede disponer de acceso y conexión mientras que la generación adicional necesaria para cumplir la nueva obligación puede no disponer de capacidad, o no conseguir tramitarse y construirse dentro del plazo requerido.

Además, la generación renovable deberá acreditarse hora a hora, lo que puede obligar a combinar diferentes tecnologías renovables con el almacenamiento, o, en el peor de los casos, sobredimensionar la potencia contratada. Este hecho puede condicionar la arquitectura energética completa de todos los proyectos.

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