VERANO NEGRO
Las lecciones de un verano de fuegos en Aragón: la virulencia de los incendios obliga a repensar los equipos de extinción
Las zonas afectadas afrontan la reconstrucción con pena por los paisajes perdidos. Los grandes fuegos han multiplicado los desalojos y han expuesto el cansancio de las brigadas


A falta de unas semanas de riesgo de incendios, el verano de 2026 se ha convertido en uno de los más destructores que se recuerdan. Con más de 45.000 hectáreas quemadas, la virulencia del fuego en medio de una ola de calor casi constante obliga a repensar los operativos de extinción. Un diagnóstico en el que coincide el propio Ejecutivo autonómico, así como los miembros de las brigadas forestales y los alcaldes de las zonas afectadas. Las claves, creen, están en apostar por la prevención, la intervención temprana antes de que los focos se conviertan en lenguas de fuego imposibles de controlar y en repensar el número de efectivos que se despliegan sobre el terreno.
El director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, asume en una entrevista que las emergencias han evolucionado por lo que será necesario decidir en los próximos meses si hacen falta más medios para una extinción temprana o para ganar eficacia cuando el incendio ya está consolidado. En las Cinco Villas y en la Jacetania hubo momentos en los que la virulencia de las llamas fue tal que no había capacidad de extinción para hacerles frente.
Además de por su gran potencia destructora, los incendios de este verano se han caracterizado por los desalojos preventivos que se han producido. Los incendios estivales en Aragón obligaron al desalojo preventivo de unas 2.800 personas repartidas en 38 núcleos de población de 17 municipios. Los episodios de mayor envergadura se concentraron en Orés, Las Peñas de Riglos y Ejulve, registrándose también evacuaciones puntuales en Tamarite de Litera, Morillo de Monclús y Loporzano.
Infraestructuras dañadas
Otra de las cuestiones que quedan pendientes tras el paso de las llamas es la gestión de las ayudas por los cultivos e infraestructuras perdidas en los fuegos. El alcalde de Leciñena, Andrés Picazo, celebra los decretos ya aprobados por parte del Gobierno de Aragón y de España para cubrir daños en infraestructuras. Sin embargo, como responsable de una zona que ya se quemó en 2019, lamenta que el plazo para presentar los expedientes «es escaso» y ve «inadmisible que, mientras los altos cargos disfrutan de un receso estival, los concejales de los pequeños municipios tengan que renunciar a sus vacaciones y trabajar a contrarreloj en pleno agosto para gestionar a tiempo los ajustados plazos de las ayudas públicas».
El aspecto laboral ha sido otro de los asuntos más calientes del verano de incendios. Los sindicatos OSTA, CGT, UGT y CCOO mantienen la huelga indefinida de los bomberos forestales de Sarga y ayer volvieron a visibilizar sus reivindicaciones en Barbastro. El colectivo denuncia un operativo infradimensionado, jornadas que superan las 20 horas, descansos incumplidos y falta de medios humanos y materiales para hacer frente a incendios cada vez más virulentos.
En la concentración de la capital del Somontano los trabajadores reclamaron la incorporación de entre 150 y 200 efectivos más, el reconocimiento real de la categoría de bombero forestal y una negociación con propuestas concretas a partir de septiembre. También recordaron que, a pesar de estar en huelga, al tener unos servicios mínimos del 100% siguen interviniendo en emergencias mientras reclaman dignidad laboral y un dispositivo a la altura del riesgo.
Más bomberos, menos consejeros y Dignidad laboral al bombero forestal fueron algunas de las consignas pronunciadas en Barbastro. Los sindicatos insisten en que no se trata de una lucha política, sino de seguridad para quienes apagan el fuego.
El próximo 7 de septiembre habrá una nueva reunión con el Gobierno de Aragón y Sarga en la que esperan recibir propuestas concretas para avanzar en la negociación. Ese puede ser el momento en el que despegue una nueva estrategia contra los incendios que tenga en cuenta el cambio climático y el abandono rural como los dos principales factores de riesgo.
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