La batalla de los ayuntamientos por los millones que pierden con los centros de datos en Aragón: "El PIGA nos ningunea"

La expansión de los centros de datos en Aragón se está topando con un frente creciente, distinto al planteado por cierto sectores y colectivos por el debate ambiental o territorial. En varios municipios crece el malestar por cómo se están tramitando estas inversiones mediante Planes de Interés General de Aragón (PIGA), una figura que, a juicio de los ayuntamientos afectados, permite al Gobierno autonómico asumir competencias urbanísticas que normalmente corresponden a las corporaciones locales y, sobre todo, deja a los municipios sin uno de sus principales ingresos extraordinarios: el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

No se trata, en sí mismo, de un movimiento de rechazo a los centros de datos. De hecho, los municipios que han llegado a los tribunales insisten en que no cuestionan necesariamente las inversiones ni la implantación de estas compañías. Lo que discuten es el reparto de los beneficios y de las cargas que dejan en el territorio. "El PIGA nos ninguneaba", asegura una fuente municipal.

El conflicto ya ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Villanueva de Gállego ha endurecido el frente judicial contra el nuevo proyecto de Amazon Web Services (AWS) en el municipio, donde el gigante tecnológico plantea instalar dos nuevos macrocomplejos que se sumarán al que ya tiene en marcha en esta ubicación desde hace casi cuatro años. Villamayor de Gállego también había recurrido el proyecto de Azora, aunque en este segundo caso el procedimiento se encuentra ahora en suspenso mientras el ayuntamiento mantiene abierta una negociación con el Gobierno de Aragón.

Y a esta ofensiva se ha sumado de forma colateral el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro, que se ha personado como interesado en el primer procedimiento, el impulsado por Villanueva, municipio con el que comparte los centros de datos de la primera expansión de Amazon, junto con Huesca y Zaragoza.

Recelos en Villanueva desde 2020

El caso de Villanueva es especialmente significativo porque la batalla viene de lejos. Ya en 2020, el ayuntamiento puso reparos a la primera implantación de AWS y batalló con el primer PIGA, tramitado entonces por el Gobierno que presidía Javier Lambán, para lograr contrapartidas para el municipio. Hace un año recurrió judicialmente el segundo PIGA de Amazon, aunque el procedimiento quedó en letargo por sucesivas prórrogas mientras DGA y consistorio negociaban una solución.

Finalmente, el pleno municipal decidió el pasado mes de julio continuar con la vía judicial y ratificó por unanimidad la presentación de un segundo recurso. La actual alcaldesa, Inés Baudín (FIA, Federación de Independientes de Aragón), que lleva apenas ocho meses en el cargo, ha dado así continuidad a la batalla que abrieron sus antecesores y que ha terminado concitando también el respaldo de Aragón Existe, PP y PSOE.

El dinero es uno de los principales motivos de la disputa. Villanueva calcula en unos 23 millones de euros el ICIO que dejaría de ingresar por las nuevas construcciones de Amazon. La cifra procede de aplicar el tipo municipal —que es del 3,5%— al presupuesto de ejecución de las obras y da una idea de la dimensión del problema para un municipio de su tamaño.

El Burgo de Ebro comparte el mismo planteamiento. Su alcalde, Vicente Royo (PSOE), explica que el Ayuntamiento decidió personarse como interesado en el procedimiento de Villanueva porque considera que los argumentos del municipio le afectan directamente. «No estamos en contra de los centros de datos», recalca, pero rechaza que «la utilización» del PIGA suponga que el municipio «pierda su capacidad de decisión» y, al mismo tiempo, deje de percibir un elevado volumen de ingresos. Este consistorio estima que son en torno a 20 millones los que dejaría de percibir por el ICIO —con un tipo del 2,4%— que no se aplica en el segundo PIGA de Amazon.

Villamayor de Gállego representa ahora otro frente. Su alcalde, José Luis Montero (CHA), ya había mostrado públicamente su rechazo al proyecto de Azora, denominado Tillion Aragón, que contempla un campus de cuatro edificios y una inversión de 2.360 millones de euros. El Ayuntamiento llegó a presentar un recurso, pero ha decidido mantenerlo en suspenso mientras negocia con el Ejecutivo autonómico. Su posición es que el municipio ya está asumiendo una elevada concentración de proyectos estratégicos —también acogerá un complejo digital de Microsoft y una planta agroalimentaria del Grupo Costa— y que las nuevas instalaciones deben llevar aparejadas compensaciones suficientes.

Acuerdo con Samca por el ICIO

La controversia fiscal tampoco es nueva ni exclusiva de Amazon. La aplicación del PIGA se ha convertido en un asunto recurrente en la implantación de grandes centros de datos. En otros proyectos, como el de las renovables vinculadas a los centros de datos de Samca, los ayuntamientos consiguieron negociar con la empresa para sacar esas instalaciones del PIGA y, con ello, recuperar el pago del ICIO. El acuerdo entre Samca y los municipios de Pedrola, Plasencia de Jalón y Rueda de Jalón acabó traduciéndose en varios millones de euros de ingresos fiscales para los consistorios.

Los ayuntamientos que ahora pleitean por el ICIO no reclaman necesariamente el cobro del impuesto, pero sí, al menos, que la pérdida de ingresos municipales tenga una compensación equivalente, según precisan varios regidores. Si la negociación no logra cerrar esa brecha, será la Justicia la que tenga que determinar hasta dónde llega el poder de un PIGA y dónde empieza la autonomía económica y urbanística de los municipios.