El Gobierno de Aragón se persona como acusación particular en el incendio de Las Peñas de Riglos

El Gobierno de Aragón se persona como acusación particular en la causa que investiga el incendio originado en Santa María de La Peña y que acabó poniendo en riesgo los monasterios de San Juan de la Peña y llegó casi hasta las faldas de Peña Oroel. El origen del mayor fuego que ha sufrido la comunidad autónoma desde 1994, con más de 14.500 hectáreas quemadas y que obligó a evacuar a 19 poblaciones, está siendo investigado por la Justicia y tiene a su principal sospechoso, un trabajador de las obras de la carretera A-132, fuera de prisión por decisión judicial. Ahora, con esta personación, el Ejecutivo aragonés que dirige el presidente popular Jorge Azcón podrá ejercer, en su caso, las acciones civiles y penales que considere oportunas y se deriven del procedimiento judicial.

Así lo ha anunciado tras la reunión del primer Consejo de Gobierno del curso político la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, que ha anunciado también que el Gobierno autonómico ha solicitado al central la declaración como zona catastrófica de los términos municipales de Las Peñas de Riglos, Bailo, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Caldearenas y Jaca, principales zonas afectadas por el incendio.

La vicepresidenta Mar Vaquero ha anunciado que el Gobierno de Aragón ya está preparando las ayudas pertinentes para los afectados. Fuentes del Gobierno aragonés han recordado que el incendio provocó "importantes daños sobre el medio natural, las infraestructuras públicas y las poblaciones de la zona. La afección alcanzó a la masa forestal, los ecosistemas y al patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural".

Además, el fuego puso en riesgo la integridad de los numerosos efectivos que participaron en las labores de extinción y provocó el fallecimiento de Javier García Sancho, militar de la Unidad Militar de Emergencias natural de La Almunia de Doña Godina. Otros tres integrantes de la UME resultaron heridos durante el operativo.

La vicepresidenta ha aclarado que, como acusación particular, el Ejecutivo aragonés "podremos, además de estar informados, llevar a cabos acciones civiles y penales". Vaquero ha vuelto a reconocer y agradecer "el gran trabajo de coordinación que se realizó entre todas las administraciones y voluntarios, el comportamiento excelente de todos los pueblos evacuados y reconocer el papel de los alcaldes haciéndose cargo de la emoción y el estado anímico de todas las personas".

Un fuego que fue más allá de lo material

La emergencia obligó también al desalojo y evacuación de 19 localidades, así como al confinamiento de otras durante varios días. El incendio afectó asimismo a espacios de especial valor ambiental y patrimonial, entre ellos los Paisajes Protegidos de San Juan de la Peña y Monte Oroel y de la Sierra de Santo Domingo.

La magnitud del fuego exigió el mayor despliegue de medios realizado hasta la fecha en Aragón para combatir un incendio forestal, con la participación de hasta 42 medios aéreos y más de un millar de efectivos de distintas administraciones y organismos, además de recursos internacionales movilizados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Con esta autorización, la Administración de la Comunidad Autónoma se incorporará al procedimiento judicial para ejercer las acciones civiles y penales que correspondan en defensa del interés público y de los intereses de la Comunidad Autónoma afectados por el incendio.

Solicitud de declaración de zona catastrófica

En este primer Consejo del año también se ha solicitado la declaración de zona catastrófica al Gobierno central.

La solicitud comprende los términos municipales de Las Peñas de Riglos, Bailo, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Caldearenas y Jaca, donde el fuego quemó más de 14.500 hectáreas y causó importantes daños en masas forestales, infraestructuras públicas y privadas, campos de cultivo y explotaciones agrícolas y ganaderas. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón han recordado que el Ejecutivo central ya ha declarado a lo largo de este año 12 zonas catastróficas en la comunidad y que estos municipios afectados por el incendio entrarán en una próxima declaración en futuros Consejos de Ministros.

La magnitud del incendio obligó a activar la fase de emergencia en Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO) y a movilizar medios extraordinarios nacionales e internacionales para hacer frente a la emergencia.

Durante la emergencia se adoptaron medidas de protección para 21 poblaciones. Un total de 19 núcleos tuvieron que ser evacuados y otros dos fueron confinados ante el riesgo provocado por el humo. Aragón solicitó además el apoyo de Francia mediante el Acuerdo de Málaga y activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil para reforzar los medios disponibles frente al incendio.

La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil permite que las administraciones públicas afectadas soliciten esta declaración cuando una emergencia haya causado daños personales o materiales que alteren gravemente las condiciones de vida de la población o provoquen la paralización de servicios públicos esenciales.

El Gobierno de Aragón considera que la extensión del incendio, las medidas de protección que fue necesario adoptar y los importantes daños sufridos justifican la solicitud de esta declaración para los seis municipios afectados.

Con este acuerdo, el Gobierno de Aragón pretende facilitar la movilización de los mecanismos de apoyo previstos para este tipo de emergencias y contribuir a la recuperación de los municipios afectados, sus infraestructuras y su actividad económica.

La solicitud al Gobierno de España se suma a las medidas ya impulsadas por el Ejecutivo autonómico para dar respuesta a las situaciones de emergencia y facilitar la recuperación de las zonas afectadas por catástrofes naturales. La declaración estatal permitiría complementar esos instrumentos autonómicos con nuevas ayudas y medidas de apoyo para los municipios, las empresas y los particulares afectados.

El acuerdo autoriza al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, a remitir la solicitud a los ministerios de Hacienda y de Interior para que impulsen las actuaciones necesarias para la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

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