Industria y Medio Ambiente
Tres nuevas plantas de biometano, declaradas de "interés autonómico" por el Gobierno de Aragón
La inversión de ABEI Energy en Caspe, La Puebla de Híjar y Fraga movilizará 59 millones de euros y creará 48 empleos directos. El Ejecutivo aragonés trabaja en una legislación "más estricta" para estas instalaciones

Primera reunión del Consejo de Gobierno de este curso político. / Gobierno de Aragón

Tres nuevas plantas de biometano han recibido el visto bueno del Gobierno de Aragón para instaurarse en la comunidad autónoma. El Consejo de Gobierno ha acordado declarar como Inversión de Interés Autonómico (DIIA) el proyecto de construcción de tres plantas de gestión de residuos orgánicos para la producción de gas renovable (biometano) en los municipios de Caspe (Zaragoza), La Puebla de Híjar (Teruel) y Fraga (Huesca), promovido por las sociedades BDP Bioenergy VIII S.L., BDP Bioenergy IX S.L. y BDP Bioenergy XII S.L., integradas en el grupo empresarial ABEI Energy. Al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico ha anunciado que está trabajando en una normativa "más estricta" para este tipo de instalaciones.
La actuación prevé una inversión global de 58,7 millones de euros y permitirá la puesta en marcha de tres instalaciones destinadas a valorizar residuos, procedentes principalmente de la actividad ganadera y agroalimentaria al transformarlos en biometano, un gas renovable plenamente compatible con las infraestructuras de gas natural existentes.
El conjunto de las tres plantas tendrá capacidad para tratar 537.000 toneladas anuales de residuos orgánicos.
Inversión en las tres provincias
Las tres plantas, ubicadas en las localidades de Caspe, La Puebla de Híjar y Fraga, supondrán una inversión conjunta de 58,72 millones de euros —19,99 millones en Caspe, 19,02 millones en La Puebla de Híjar y 19,70 millones en Fraga—. Cerca del 90% de la inversión se ejecutará entre 2026 y 2028, con la puesta en funcionamiento prevista para junio de 2028 en Caspe, agosto de 2028 en La Puebla de Híjar y octubre de 2028 en Fraga.
El proyecto generará además un importante impacto económico y laboral en el territorio, con la creación de unos 180 empleos directos durante la fase de construcción y 48 puestos de trabajo estables una vez entren en funcionamiento las plantas, a los que se sumarán alrededor de 90 empleos indirectos vinculados a actividades auxiliares como transporte, mantenimiento, logística y servicios especializados. En conjunto, los estudios incorporados al expediente estiman que la iniciativa podría alcanzar un impacto total de hasta 462 empleos entre directos, indirectos e inducidos durante las fases de construcción y operación.
Declaración de inversión de interés autonómico
La declaración de inversión de interés autonómico reconoce la especial relevancia económica, social y territorial del proyecto para Aragón y permitirá agilizar su tramitación administrativa mediante el impulso preferente y urgente de todos los procedimientos vinculados a su desarrollo, sin menoscabo del cumplimiento de todas las autorizaciones y requisitos legales exigibles.
Con esta declaración, el Gobierno de Aragón refuerza su apuesta por proyectos vinculados a la transición energética, la economía circular y la valorización de recursos locales, impulsando nuevas inversiones industriales, la creación de empleo y la actividad económica en el medio rural de las tres provincias aragonesas.
La DGA prepara una legislación "más estricta"
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, ha explicado que la comunidad "ha atraído inversiones en esta materia, que tiene que ver con nuestra actividad en al sector primario, y la consejería de Economía y la de Medio Ambiente están trabajando para llevar a cabo una regulación que permita evaluar bien los proyectos y seleccionar aquellos con más rapidez y que más viabilidad pueden tener".
Vaquero ha reconocido que este tipo de inversiones, que se están multiplicando por toda la geografía aragonesa, "son importantes para el territorio porque generan empleo, tienen un impacto importante", pero ha recalcado que la intención del Ejeutivo autonómico es que su despliegue "se haga de la manera más ordenada posible". Así, ha incidido en que se está trabajando en crear "una regulación más estricta" desde ambas consejerías, pero fuentes de estos departamentos no han trasladado detalles, por ahora, de la nueva normativa.
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