Investigación en curso
El Gobierno de Aragón pide prisión provisional para el investigado por el incendio de Santa María de La Peña: "El riesgo de fuga es intenso"
El Ejecutivo autonómico considera que su traslado a la Comunidad Valenciana incrementa el riesgo de fuga, junto con la ausencia de arraigo en Aragón y la gravedad de la pena a la que podría enfrentarse

Punto exacto del inicio del incendio forestal de Las Peñas de Riglos. / El Periódico de Aragón

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Servicios Jurídicos, ha solicitado este jueves al Tribunal de Instancia número 3 de Jaca la prisión provisional comunicada y sin fianza o, subsidiariamente, eludible mediante el pago de una fianza de 100.000 euros para el investigado por el incendio de Santa María de la Peña. Lo hacen un día después de acordar en el primer Consejo de Gobierno del curso político su personación como acusación particular en la causa. De hecho, antes de ser acusación particular no podrían haber solicitado la prisión provisional para el principal investigado por el origen del incendio en Las Peñas de Riglos.
El Ejecutivo autonómico considera que el traslado del investigado a la Comunidad Valenciana constituye una circunstancia "relevante" a la hora de valorar el riesgo de fuga y pone de manifiesto la "insuficiencia de las medidas cautelares vigentes para evitar que pueda eludir la acción de la justicia".
Fuentes del Gobierno aragonés han recordado que el incendio de Santa María de la Peña, el de mayor magnitud registrado en Aragón desde 1994, provocó importantes daños en el medio natural, las infraestructuras públicas y varias poblaciones de la zona.
Según recoge el escrito remitido al Tribunal, "el riesgo de fuga resulta actualmente más intenso por la gravedad de la pena potencial, la ausencia de arraigo y el traslado a la Comunidad Valenciana".

El incendio de Las Peñas de Riglos quemó más de 14.500 hectáreas / Jaime Galindo
La DGA cree que las medidas vigentes no son suficientes
Asimismo, el comunicado emitido por el Ejecutivo aragonés en el que se recoge la documentación trasladada al juzgado se señala que "la prohibición de salida del territorio, la retirada del pasaporte, la obligación de comunicar domicilio y teléfono y las comparecencias periódicas son medidas que, a la vista del nuevo escenario, no ofrecen una garantía suficiente de disponibilidad efectiva del investigado".
Para hacer efectiva esta petición, el Gobierno de Aragón ha solicitado al Tribunal la convocatoria urgente de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A ella deberán ser citados el Ministerio Fiscal, las partes personadas y el investigado, que deberá comparecer asistido por su defensa jurídica.
A partir de ahora, el juzgado no tiene un plazo para responder oficialmente a la solicitud de prisión provisional para el investigado que solicita el Gobierno aragonés.

Servicio Especial
Un vídeo que sitúa al sospechoso en el lugar de los hechos
La petición del Ejecutivo aragonés se produce apenas 48 horas después de que se hicieran públicos los vídeos de las cámaras de videovigilancia de la campa de acopio de materiales de las obras de la carretera A-132 donde se originó el fuego. En las imágenes, que son discontinuas porque las cámaras funcionaban con sensor de movimiento, se observa cómo el sospechoso que fue detenido se agacha junto a unos matorrales, y después de ahí surge una columna de humo y llamas que acabaron saltando la carretera y propagándose hasta calcinar más de 14.500 hectáreas y poner en jaque los monasterios nuevo y viejo de San Juan de La Peña.
En los vídeos se observa también cómo después acuden al lugar de las llamas otros dos trabajadores de las obras de la A-132, portando extintores para intentar apagar el fuego.
Aunque el juez situó al investigado en el "punto exacto" donde se originó el fuego, después la Audiencia Nacional consideró que estas imágenes no eran concluyentes para determinar la participación del investigado en el origen del incendio, y por eso acordó su puesta en libertad.
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