Especial 23A

Más y mejor educación

Será en la Formación Profesional y en las Enseñanzas Artísticas donde, previsiblemente, se produzcan los avances de mayor calado

Jóvenes en un centro de formación profesional.

Jóvenes en un centro de formación profesional. / Jaime Galindo

Jesús Jiménez

Los frutos en educación se reconocen, para bien o para mal, a veinte años vista. Por eso, entre otras razones, no parece adecuado andar de reforma en reforma cada poco. Así se ha entendido desde siempre en otros países y se entendió durante mucho tiempo también en España. Pero últimamente todo se ha acelerado y los cambios consecutivos pueden desestabilizar la arquitectura de nuestro sistema educativo, máxime cuando es un sistema altamente descentralizado. No obstante, hay bases sólidas y señales evidentes que permiten otear el horizonte educativo de los próximos años. 

Dos fenómenos paralelos, ya bien visibles, marcarán las grandes líneas de la educación no universitaria en nuestra Comunidad Autónoma. 

Por un lado, la caída de la natalidad, general en todo el país, pero especialmente preocupante en el medio rural aragonés. En consecuencia, seguramente habrá que revisar el mapa escolar en un sereno ejercicio de planificación educativa. En las ciudades, de manera singular en Zaragoza, con mucho tacto y buscando acuerdos en los foros y mesas sectoriales para no levantar nuevas guerras escolares que pudieran desestabilizar una red de centros sostenidos con fondos públicos que hoy en día conviven con normalidad, ofreciendo así una amplia oferta educativa a la ciudadanía.

En el medio rural, sería de desear que las entidades locales, con la creación de consejos escolares municipales y comarcales, se implicasen directamente con la administración educativa regional en la actualización del mapa escolar, caminando hacia mapas comarcales integrales (todos los centros y servicios educativos), integrados (adscripción entre centros de distintos niveles) e integradores (conexión con servicios sanitarios, sociales, culturales, etc.). 

Por otro, la jubilación de un alto porcentaje del actual colectivo docente. No debiera ser especialmente preocupante si ese previsible hecho no sirve de excusa para la reducción de plantillas, como desgraciadamente sucedió hace unos años. Aunque se produzca un descenso de matrícula de alumnado, necesitaremos más profesorado y más personal especializado (orientación, salud, administración, informática, etc.) en los centros educativos. Por dos razones convergentes.

En primer lugar, porque garantizar el derecho de todos a la educación exige, inexorablemente, asumir un enfoque inclusivo de la educación y, consecuentemente, prestar una cualificada atención a la creciente diversidad del alumnado escolarizado en las aulas. En segundo término, porque formar a las nuevas generaciones digitales conlleva, necesariamente, cambiar los esquemas de la pedagogía tradicional y, en consecuencia, abrir las aulas a las tecnologías (ya no tan nuevas) de la información y la comunicación. 

La modernización de la educación en los niveles no universitarios no pasará solo por la construcción de instalaciones educativas sin barreras arquitectónicas y con criterios de sostenibilidad ambiental sino por introducir metodologías didácticas que conjuguen distintas formas de enseñanza y de aprendizaje. Se mantendrá la enseñanza presencial, pues la escuela sigue siendo espacio idóneo de socialización, pero irá ganando peso la no presencial, especialmente en los niveles no obligatorios de secundaria. Habrá que reformular el currículo para introducir nuevos saberes (idiomas, informática, etc.), insistir en la adquisición de competencias y, separando el grano de la paja, apoyar decididamente las innovaciones de interés para la mejora de la calidad.

En definitiva, una educación transformadora, que priorice la formación en valores y el pleno desarrollo de la personalidad y capacidad del alumnado para desenvolverse en un mundo con evidentes riesgos (acoso, violencia, inteligencia artificial, etc.) y para avanzar hacia una sociedad democrática más justa y respetuosa con los derechos de todas las personas. Para trabajar en ese complejo escenario se requerirá introducir cambios sustanciales en la formación inicial y permanente del profesorado y, previsiblemente, redefinir la carrera profesional docente con un reclamado (y varias veces aparcado) estatuto del profesorado.

Con todo, será en la Formación Profesional y en las Enseñanzas Artísticas donde, previsiblemente, se produzcan los avances de mayor calado. La reciente Ley de ordenación e integración de la FP (LO 3/2022) marca claramente un antes y un después para una formación profesional siempre considerada de segunda no solo socialmente sino incluso dentro del propio sistema educativo. Aprovecharemos esa excelente oportunidad si nos planteamos colectivamente una planificación autonómica con visión de futuro, se establecen controles estrictos para garantizar la calidad de los ciclos formativos que se implanten y cuidamos en no hacer una dual low cost, como ha sucedido en gran medida con el bilingüismo. 

Otro tanto puede pasar con la anunciada ley de artísticas superiores, que coloca a estas enseñanzas en el marco universitario. 

Los retos de la educación aragonesa para los próximos años pueden afrontarse con garantías de éxito si se consigue llegar a acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas y sociales, especialmente dentro de la comunidad educativa. El Pacto Social por la Educación aprobado (2019) en las Cortes de Aragón puede ser una buena hoja de ruta hacia un modelo educativo aragonés que permita impulsar proyectos ilusionantes desde una ley autonómica de educación. Veinte años después, todavía estamos recogiendo frutos de aquel Pacto por la Educación (2000) firmado por veintidós organizaciones sociales al poco de recibir los traspasos de competencias. El objetivo sigue y seguirá siendo el mismo: más y mejor educación. Para ahora y para el futuro. Para siempre. 

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