Parte de la plantilla de la Policía Local de Jaca, entre 15 y 18 agentes, ha presentado dos recursos contencioso-administrativos contra el ayuntamiento de la ciudad pirenaica por considerar que se incumplió la legalidad cuando el pleno municipal aprobó el pasado mes de julio la derogación del derecho a acogerse a la segunda actividad sin destino, recogida en el reglamento aprobado en el 2015.
La aprobación de esa decisión tuvo lugar en un pleno en el que los agentes trataron sin éxito de recusar al alcalde, el socialista Juan Manuel Ramón Ipas, y a varios concejales, alegando que actuaban guiados por «una enemistad manifiesta».
Ipas defendió ayer que el paso a segunda actividad, a edades situadas entre los 50 y los 60 años, no entrañe un cese total de la vida laboral, sino la encomienda de funciones acordes con el estado físico y las capacidades de los agentes.
Uno de los recursos se ha planteado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca, y el otro ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, este último por el contenido del reglamento.
«No es una situación nueva, hace ya 15 años que se produce y abarca a varios consistorios», manifestó ayer el letrado Víctor Manuel Gómez, que junto a Ángel Cordero García representan a los agentes de la Policía Local de Jaca que han decidido llevar el asunto a los tribunales de justicia.
Supuestas arbitrariedades
Los recursos se inscriben en un problema que arrastra desde hace tiempo la plantilla del cuerpo en Jaca, que no está totalmente cubierta, lo que impide realizar el servicio en su totalidad y requiere un sobreesfuerzo por parte de los policías. Esta situación fue atribuida por el alcalde de la ciudad al hecho de que en las pruebas de acceso a la plantilla no se cubren todas las plazas.
Ahora, la supresión del pase a segunda actividad sin destino, que se consideraba un derecho consolidado, ha contribuido a tensar más la situación, ya enrarecida a raíz de la elaboración de un informe independiente el pasado verano que detectó, a nivel interno del cuerpo, «supuestos casos de comportamientos arbitrarios en perjuicio de los agentes, así como un presunto trato vejatorio hacia los mismos», según señala Víctor Manuel Gómez.
La falta de efectivos, agravada por las vacaciones y las bajas laborales, se deja sentir especialmente las épocas de gran afluencia de turismo, cuando la carga de trabajo de la Policía Local «es descomunal», según vienen denunciando los interesados.
