La falta de vivienda pública en Teruel condiciona la reubicación de los desalojados por el edificio derrumbado

Mil euros y «un plan para realojar a los vecinos de una forma más permanente». Estos fueron los anuncios estrella que prometió este miércoles la alcaldesa en funciones de Teruel, Emma Buj, tras mantener una fructífera reunión con los afectados y, si bien se garantizó que el abono de los 1.000 euros se iba a completar entre el jueves y el viernes –será mañana–, en la cuerda floja queda de momento la reubicación definitiva de los desalojados al quedar condicionada a la escasez de vivienda pública de la capital turolense. Por el momento, la Diputación Provincial de Teruel (DPT) ya ha puesto a disposición de las familias tres pisos de titularidad provincial y el Ayuntamiento de Teruel hará lo propio con un cuarto que estará disponible «en 15 días». De todos modos, fuentes del consistorio turolense aseguraron a este diario que «se va priorizar a los que más necesidades tengan» y, en paralelo, ya se trabaja en encontrar fórmulas que hagan posible este realojo. Mientras tanto, los vecinos del número 23-25 regresaron este jueves a primera hora de la tarde a sus domicilios.

En este sentido, Emma Buj ya adelantó el miércoles que una de las soluciones podría llegar de la mano de las inmobiliarias de la ciudad con las que podrían establecer sinergias de cara a encontrar soluciones a las familias que «les faciliten la vida entre uno y dos años».

En el ayuntamiento son conscientes de que «cada familia tiene una casuística diferente» al contar, entre los afectados, con matrimonios de avanzada edad, enfermos, parejas jóvenes o familias con niños, por lo que «se les va a tratar de forma diferente». No podrá contar el Ayuntamiento de Teruel con las diez viviendas ubicadas en el parque de Maquinaria que había ofrecido el Gobierno de Aragón, aclaró Buj, porque «no están disponibles para entrar a vivir». De momento, los recursos habitacionales disponibles son tres pisos que pertenecen a la DPT a los que se añadirá «en 15 días» un cuarto de titularidad municipal cuando se finalicen unas obras que se habían adjudicado poco antes del derrumbe.

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Esta oferta de vivienda no solo llega por parte de las instituciones, sino que desde el voluntariado Acompañando Teruel también están facilitando durante estos días al área de Servicios Sociales del ayuntamiento, más a corto plazo, «una lista con gente que proporciona pisos vacíos». Así lo aseguró a este diario la gerente del voluntriado, Patricia Blasco, abrumada por las muestras de solidaridad que están recibiendo, ya que esa lista habría que añadir una segunda con gente dispuesta a prestar asistencia psicológica. En ella también figura el Colegio Profesional de Psicología de Aragón (Coppa), si bien aguardan la llamada en el caso de «tener la necesidad».

Los 1.000 euros

A la búsqueda de esta alternativa habitacional, el Ayuntamiento de Teruel ultimaba ayer los trámites para abonar los 1.000 euros que Emma Buj prometió a los vecinos que se quedaron sin casa y que, previsiblemente, se ingresarán hoy en sus cuentas bancarias. Durante el día de ayer, desde el área de Servicios Sociales se avisó uno a uno a los afectados para firmar un documento y, por la tarde, se terminaron de recopilar. Según explicaron desde el ayuntamiento, todavía falta un trámite que se cerrará este viernes por la mañana para hacer efectivo ese ingreso de dinero, «un apoyo económico y directo que se suma a la atención ya brindada» en materia de alojamiento, alimentación o asistencia psicológica.

Desde la casa consistorial insistieron en que se había elegido esta fórmula al considerar que era «la más operativa» para los vecinos de cara a «esas primeras compras» al quedarse «sin lo más básico». Por el momento, no se descarta que estas ayudas, «necesarias y que se dan», se puedan ampliar en las próximas semanas. «El ayuntamiento va a estar con las familias para lo que haga falta», tranquilizaron.

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Esta ayuda directa fue «bien» recibida entre los vecinos del edificio derrumbado, representados por el momento «nominalmente» a través de la Plataforma de Afectados por los daños en la calle San Francisco. Así lo esbozó unas de las portavoces de la asociación, Leonor García, si bien calcula que «unas 17-18 familias» todavía están «pendientes» de esa reubicación a largo plazo al ser conscientes de que «no hay pisos públicos».

La mayor parte de estos vecinos aguarda inquieta desde el albergue de San Nicolás una solución que, insisten también desde la plataforma, pasaría por «la colaboración de inmobiliarias con el consistorio». No obstante, algunos de ellos respiran aliviados por la suspensión temporal de las cuotas hipotecarias de sus préstamos por parte de Caja Rural e Ibercaja con el objetivo de «aliviar la carga financiera».

En paralelo, otra de las preocupaciones que manejaban desde la plataforma era la celeridad con la que el Ayuntamiento de Teruel deseaba retirar los escombros de la finca, ya que consideran que «supondría quitar pruebas del escenario», especialmente, a tenor de los vaticinios del Colegio de Arquitectos de Aragón que el miércoles pronosticaba un fallo estructural «como causa activa y no un proceso lento» debido a «un fallo en el terreno».

No obstante, Emma Buj trató de zanjar cualquier tipo de polémica aclarando que este desescombro se iba a llevar a cabo bajo «la supervisión de peritos» con vistas a esos posteriores «estudios de investigación». Además, añadió la regidora, se ha contratado una empresa para que se puedan separar «manualmente» los escombros de los efectos personales que se puedan recuperar. Entre estos escombros yacen los restos de tres mascotas, dos gatos y un perro, que quedaron atrapados en el interior de las viviendas. «Hay gente que tiene a sus mascotas entre los escombros. Todavía están muy mal y bastantes afectados, no quieren ni hablar», concretaron desde la plataforma.