Los vecinos del edificio derrumbado de San Francisco reclaman al Ayuntamiento de Teruel más de cuatro millones

Los vecinos del edificio de la calle San Francisco, número 21, que colapsó hace un año, han presentado este jueves una reclamación por posible responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Teruel en la que reclaman al consistorio más de cuatro millones de euros en concepto de daños materiales y morales, además de una cantidad todavía por determinar para hacer frente a las reclamaciones de aseguradoras y comunidades colindantes.

Pese a que los afectados por el colapso del edificio reconocen en su escrito que el procedimiento de investigación no está concluido, cuantifican su reclamación en 3,8 millones. En ese sentido, fuentes municipales reconocen a este diario que, hasta ahora, no se habían podido determinar las causas, más allá de hacer primeros sondeos por georadar sobre los escombros en los que, más allá de pequeñas incidencias, no se apreciaron anomalías significativas.

En cambio, con el desescombro llevado a cabo en la parcela, desde el consistorio creen que ahora ya están en capacidad de llevar a cabo las catas correspondientes y poder determinar las causas y dirimir las responsabilidades que correspondan.

En cualquier caso, a los cerca de cuatro millones que reclaman los afectados habría que sumar otros gastos para responder a las reclamaciones que han presentado contra ellos las comunidades de propietarios de edificios colindantes –algunos de ellos ya pueden regresar a sus casas–, así como las de otras aseguradoras e incluso posibles alquileres futuros. En concreto, piden 3,4 millones por daños materiales y 469.500 por daños morales. La presentación de esta reclamación por posible responsabilidad patrimonial abre ahora un plazo de seis meses para que el Consistorio turolense resuelva. 

Unos plazos que desde el Ayuntamiento confían en que sean tiempo suficiente para las causas que hicieron desmoronarse el número 21 de la calle de San Francisco de Teruel. Y es que la intención del consistorio es la de seguir apoyando a los vecinos, especialmente a los que tenían en el edificio su residencia habitual, quienes viven en estos momentos en pisos facilitados por el consistorio. 

Con todo, desde el ayuntamiento sostienen que su idea es la de sacar unas ayudas para que los vecinos puedan adquirir una nueva vivienda, aunque para ello hay que esperar a saber las causas del suceso, ya que la cuantía de estas ayudas, sumadas a una hipotética indemnización, no podría superar en ningún caso el 100% del precio de la nueva vivienda adquirida. Los plazos marcados desde el consistorio apuntan a 2025 como fecha más probable para conocer el margen de maniobra.