El sindicato ACAIP-UGT ha denunciado que en el periodo 2017-2021 se han incautado un total de 306 teléfonos móviles en la prisión de Zuera (Zaragoza), de los que 95 se aprehendieron en 2019.
El sindicato dice en una nota de prensa que los móviles son elementos muy cotizados entre los reclusos, lo que genera un mercado negro con los problemas que esto genera.
También destaca el trabajo que realizan los empleados públicos penitenciarios para evitar el comercio ilícito de estos elementos prohibidos en las prisiones porque en muchos casos, estos teléfonos son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse al control de las comunicaciones, señala en la citada nota.
Objetos muy cotizados
Los móviles son, insiste el sindicato, objetos muy cotizados por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones como en los delitos por violencia de género, terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas y las relacionadas con el narcotráfico.
Además, señala que el uso de estos teléfonos puede generar deudas entre los internos e incidentes por el control de los mismos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico.
De hecho, apunta que se pueden encontrar en lugares como suelas de zapatos, botes de refresco o en productos higiénicos, por lo que es preciso una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada.
Modernizar los inhibidores
El sindicato recuerda que para cumplir con el mandamiento constitucional de reinserción y reeducación es imprescindible una convivencia ordenada dentro de los centros penitenciarios y también que la introducción de objetos prohibidos perjudica gravemente a su funcionamiento, por lo que son precisos medios materiales y humanos suficientes para evitar su entrada y realizar el control en el interior.
En este sentido subraya que se requiere un correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías.
Así, insiste en la necesidad de ocupar todas las vacantes, ya que las nuevas promociones apenas cubren las bajas vegetativas, y en la importancia de adaptar el organigrama de los centros penitenciarios para frenar las nuevas formas de delincuencia así como redimensionar la relación de puestos de trabajo para ajustarlas a las nuevas funciones.
Finalmente reclama retomar la negociación de la Ley de Función Pública penitenciaria para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la institución.
