Creían que no se iba a dar cuenta ni la mujer a la que cuidaban ni los hijos de la misma. De ahí que decidieran sustraerle las joyas que atesoraba una vecina del centro de la capital aragonesa. Al principio consiguieron un buen botín, pero fue la reventa de las piezas lo que permitió identificarles y que el Grupo de Hurtos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón les detuviera. Se trata de dos asistentas, A. M. R. y C. T. M., nicaragüenses de 50 y 56 años, y el esposo español de una de ellas, S. A. V., de 62 años. Este último era quien las vendía en comercios de compro-oro.
Las asistentas iniciaron la relación laboral en el domicilio de la víctima, una mujer de 79 años invidente, el pasado mes de agosto y a las pocas semanas comenzaron a deshacerse de los objetos valiosos en comercios de compra venta. Pese a que la gran mayoría de las sustracciones fueron hurtos, las presuntas autoras no dudaron en forzar una caja fuerte, de donde sustrajeron diversas pertenencias de la víctima, hecho que ha permitido imputarles un delito de robo con fuerza.
Tras la detención se realizó el registro en el domicilio de los presuntos autores, que tenían fijada su residencia en un piso del barrio de las Delicias y donde se recuperaron joyas propiedad de la víctima, por un valor que superaba los 20.000 euros.
El valor total de las pertenencias sustraídas asciende a varias decenas de miles de euros, si bien la propietaria no pudo cuantificar la cifra y se está a la espera de un peritaje que determine una valoración más precisa. Después de ser oídos en declaración y de realizar la diligencia de entrada y registro del domicilio, los tres supuestos autores quedaron en libertad provisional.
Para descubrir estos hechos delictivos, el Grupo de Joyas de la Jefatura Superior de Policía de Aragón realiza de forma periódica y por sorpresa una serie de inspecciones en las diferentes tiendas. Persiguen si algún ladrón ha vendido una joya o si los establecimientos cometen alguna ilegalidad como pueden ser la mala identificación de un cliente, el pago de más de 2.500 euros en efectivo que la ley de blanqueo de capitales impide o que hayan manipulado el objeto antes del tiempo que marca la legislación, entre otras.
