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Caso Abierto - El Periódico de Aragón

SUCESOS EN ARAGÓN

Una jueza impone enterrar a una niña en Zaragoza como pedía la infanticida

El padre biológico solicitaba hacerlo en Lloret de Mar, ciudad de la familia paterna. Laia acabaría dentro de 5 años en la fosa común porque la madre no tiene dinero

Manuel Ardila con su hija Laia, una de las últimas fotos con la pequeña de 2 años antes de morir FOTO CEDIDA POR EL PADRE

La Justicia tiene que ser justa, pero no parece que lo esté siendo en el caso de la pequeña Laia, la niña de 2 años que murió agónicamente en el zaragozano barrio del Picarral en enero del año pasado y que lleva todo este tiempo en la cámara frigorífica del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA). La nueva magistrada del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, María José Moseñe, acaba de imponer que sea enterrada en Zaragoza, tal y como pidió la madre acusada de este infanticidio y en contra de la solicitud del padre biológico. Este hombre pidió dar sepultura a la menor en Lloret de Mar, ciudad en la que reside él y el resto de la familia paterna.

A los tres meses del crimen, en marzo del 2021, el padre biológico, que ejerce de acusación contra Vanesa M. P. y su actual pareja, Cristian L. V., ya solicitó poder dar eterno descanso a su hija. Hasta el punto de que la Audiencia Provincial de Zaragoza se pronunció en favor de que la sepultura fuera en Zaragoza; razonando que el asunto estaba «en fase de instrucción» y considerando que «lo más adecuado, en este momento procesal, es que el cadáver se encuentre en el mismo término municipal que el Juzgado que está conociendo de los hechos». Una forma de proceder que es habitual en los crímenes en los que el cadáver es considerado una prueba y que se impide tanto la incineración como un traslado a otro lugar por si fuera necesario, por ejemplo, realizar una segunda autopsia o tomar muestras de algún tipo. 

La instrucción puede darse por finalizada porque ya no se están practicando pruebas ni solicitando análisis que tengan que ver con la menor a la que los forenses vieron un centenar de golpes en su pequeño cuerpo. Sin embargo, la jueza emplea ese argumento del tribunal provincial para mantener que debe ser enterrada en Zaragoza.

Momento de la detención de Vanesa M. P. tras la muerte violenta de Laia. ANGEL DE CASTRO

Todo pese a que Vanesa M. P., que permanece en prisión provisional en la cárcel de Zuera (Zaragoza), ha solicitado ser trasladada a un centro penitenciario de Palma de Mallorca, ciudad en la que nació y en la que tiene familia. Es decir, Laia estaría enterrada en la capital aragonesa teniendo a su madre y acusada a 395.91 kilómetros y a su padre biológico a 379,6 kilómetros.

Pero la decisión de inhumar el cuerpo de la niña en Zaragoza tiene otra derivada difícil de explicar. Vanesa M. P. aseguró a la jueza que no tiene dinero para poder hacer frente a los gastos propios de un sepelio, por lo que solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza que se haga cargo del mismo bajo el amparo de la beneficencia. Situación que el consistorio no ha rechazado, pero sí ha advertido que el protocolo marca que, a partir de los cinco años, el cadáver será exhumado y que acabará en la fosa común como el resto de mendigos o personas que no pagan la tasa de mantenimiento de su nicho.

La única opción de no acabar de esta forma es que el padre biológico, que desde el primer momento se ha ofrecido a enterrarla en Lloret de Mar y a asumir con todo lo que ello derive, sea quien es costee el entierro en Zaragoza, ciudad en la que él se opone porque no vive allí.

Si finalmente esta decisión judicial se lleva a efecto, la jueza se verá con un nuevo problema a pesar en su balanza de hacer Justicia: ¿quién tiene más derecho a asistir al entierro de Laia. Su madre y procesada o su padre con el otro niño de la pareja de la que se divorció? Y es que un juzgado de Blanes acaba de retirar la patria potestad a la mujer y ha acordado una orden de alejamiento de 500 metros con respecto a su otro hijo.

"Quiero que mi hija no esté sola, quiero ir a llorarle todos los días"

La desesperación ha llevado a Manel Ardila, el padre de la pequeña Laia, a romper su silencio. Asegura, entre lágrimas, que «no quería hacer ningún circo mediático con la muerte de su hija», pero que necesita enterrarla en Lloret de Mar, ciudad en la que vive, y no en Zaragoza «donde mi pequeña vivió un infierno».

«Quiero que mi hija no esté sola por más tiempo, fue torturada hasta su muerte, lleva desde enero del 2021 en un frigorífico y ahora quieren que esté en Zaragoza donde no voy a poder ir a llorarle todos los días ni a ponerle flores», lamenta Ardila en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, quien afirma que toda esta situación le está afectando emocionalmente porque no ha podido aún hacer el duelo por su hija de tan solo 2 años.

Reconoce que no entiende «la crueldad» que está viviendo. «Me arrebataron a mi hija cuando le pedí el divorcio y ella me denunció por malos tratos, de lo que resulté absuelto. Me quedé sin mi hija para siempre y ahora la Justicia me castiga con esto cuando yo no soy el culpable de que esté muerta», afirma, mientras se pregunta: ¿Por qué una asesina tiene más derechos que el padre?

También le sorprende que la jueza haya acordado que la inhumación en Zaragoza sea sufragada por el ayuntamiento y que a los cinco años acabe en lo que popularmente se conoce como la huesera. «Mi hija tenía un seguro de vida, al igual que mi hijo Manel de 5 años, y no tiene por qué tener que gastarse dinero público en enterrarla», dice, a la vez que añade que «nada de esto estaría pasando si desde el primer momento le hubieran concedido darle sepultura en Lloret de Mar». «¿Cómo va a acabar mi hija en una fosa común?_¿No tiene ningún tipo de dignidad? Tiene un padre, una abuela y un hermano que la quieren y que quieren ir a verla un día sin otro», afirma con la voz entrecortada porque está a punto de romperse a llorar de forma desconsolada.

Ardila recuerda que en un primer momento, cuando su vida dejó de tener sentido tras la muerte de la pequeña, quiso volver a Toledo, ciudad de la que es su familia materna. «Pedí al principio enterrarla allí, donde están mis abuelos fallecidos, porque en Lloret no estaba bien», afirma, si bien destaca que también propuso Lloret porque «fue el lugar en el que nació Laia». «Estamos aquí viviendo y trabajando y la queremos tener aquí», sentencia.

«Su hermano Manel me pregunta todos días por ella, le dije que estaba en el cielo y él solo me dice que está cansado de que esté allí, que quiere que vuelva y esté en casa con nosotros. Se me rompe el corazón cada vez que me lo dice, quiero un día poderle decir que está cerca», asevera

La menor presentaba más de 100 lesiones cuando murió

Laia, de tan solo 2 años, murió el 21 de enero del 2021 después de que su madre y la pareja de esta pidieran ayuda a unos vecinos porque estaba inconsciente. Dijeron que se había caído por las escaleras y la metieron en la bañera para despertarla. No lo consiguieron. La investigación realizada por el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, tras el análisis de los teléfonos móviles de los dos tenidos, reveló que la niña sufría terribles castigos que se enviaban a sus teléfonos, con fotos incluidas. Una de ellas sorprendió a los agentes, la menor aparece colgada por la zona superior de una prenda de vestir en un clavo a la pared y su rostro es de miedo. Los forenses llegaron a contar más de un centenar de lesiones, así como un consumo crónico de drogas. 

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