Dos años y medio estuvo disfrutando de la libertad hasta que, el pasado lunes, Adil Lazizi asesinó a su vecina de rellano en el zaragozano barrio de San José. Durante todo este tiempo consiguió ocultarse de las autoridades policiales, pese a que llegó a tener dos órdenes de búsqueda distintas con su nombre. Según pudo saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el 17 de marzo de este año se reactivó el mandato ante la falta de resultados positivos. Lo firmó la propia Audiencia Provincial de Madrid que le condenó a 21 años de cárcel por matar, también a cuchilladas, a una joven turista francesa en el año 2001.
Los magistrados firmaron un auto en el que se instaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a buscar, detener y enviar directamente a la cárcel a este marroquí de 45 años para que terminara la condena que pesaba sobre él y que era firme desde el 8 de marzo de 2005. El tribunal provincial madrileño no quería ni que pasara por el Juzgado de Guardia, que directamente ingresara en la cárcel, además de abrir causa por un delito de quebrantamiento de condena.
La anterior orden de busca y captura la firmó la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza. Fue después que un 6 de enero del 2020 saliera con un permiso concedido por el juez de Vigilancia Penitenciaria, el quinto que se le concedía y en contra de la opinión de la junta de tratamiento. En aquella ocasión, la magistrada zaragozana instó a localizarle, detenerle y que fuera puesto a disposición judicial para tomar la medida que se decidiera en una comparecencia en la que la Fiscalía también tendría que dar su opinión.
Durante todo este tiempo, Adil Lazizi ha estado oculto junto a su novia Marisol con la que vivía desde que adquirió la condición de fugitivo. Los agentes no hallaron ningún documento que pueda determinarse que falsificó su identidad.
En el número 8 de la calle Alegría llevaban poco tiempo, unos siete meses, pero, según fuentes cercanas al sospechoso, este hacía todo lo posible para no dejar rastro. El alquiler de la vivienda no estaba a su nombre; tampoco trabajaba, por lo que vivía de su pareja que está empleada en un domicilio de Zaragoza como interna; no tenía tarjetas ni cuentas relacionadas y salía a la calle en los momentos en los que más gente hay para pasar desapercibido. De hecho, no frecuentaba lugares públicos o zonas conflictivas donde hay más probabilidades de que la Policía Nacional realice una identificación como las 700 que se llegaron a realizar, previa autorización de la Delegación del Gobierno en Aragón, en el 2020 en la zona de El Gancho como medida preventiva para acabar con la oleada delincuencial en este barrio.
Todo ello podría conllevar que el Estado tenga que asumir su responsabilidad al haberse producido el asesinato de la zaragozana Cristina, de 32 años, sin haber saldado su deuda del crimen de 2001 con la Justicia. En Zaragoza hay antecedentes como una tentativa de homicidio ocurrida en 2010 y protagonizada por unos hermanos en Las Fuentes cuando uno disfrutaba de permiso y otro del tercer grado. Instituciones Penitenciarias fue condenada.
El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón cerró ayer el atestado del caso que hoy enviará, junto a Adil Lazizi, ante el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, que es el que está de guardia hoy. La investigación todavía no está cerrada porque va a depender especialmente del informe forense que determine, por ejemplo, si la puñalada en el abdomen que presentaba el arrestado pudo ser autoinflingida o, como declaró ante la Policía, se lo hizo la víctima y que él se defendió degollándola. Sobrevuela el caso que protagonizó hace 21 años en el que cosió a puñaladas a una francesa tras la negativa a mantener relaciones sexuales.
No obstante, los investigadores sí han descartado, ante las pruebas hasta el momento analizadas, que el caso responda a la violencia de género. Es decir, no habría ningún tipo de relación entre víctima y asesino más allá de la de vecinos, aunque no había habido peleas entre ellos. Al contrario, tal y como destacó otra residente del edificio, Cristina llegó a dejar sus llaves en el domicilio de este hombre porque necesitaban acceder unos obreros contra contratados por la comunidad.
Hoy pasará a disposición del juez de guardia, el detenido Adil Lazizi. Su estado de salud, al estar ingresado en el hospital Miguel Servet, determinará si se trasladada a la sede judicial o se realiza una comparecencia en el propio centro sanitario. Previsiblemente será enviado a prisión. Tanto porque estaba siendo buscado como por la gravedad de los hechos y el evidente riesgo de fuga. Si no hay sorpresas, asistido por sus abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, reiterará que él se defendió, que la víctima estaba «obsesionada con él» y que había consumido alcohol esa noche. En concreto, siete tubos de cerveza y media botella de un licor de cremas.
