Ya ha llegado la primera petición de revisión de sentencia a la Audiencia Provincial de Zaragoza tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí por parte de un delincuente sexual. Se trata de un vecino de la capital aragonesa que fue condenado a 18 años de prisión por abusar de su sobrina durante 7 años. No será la primera, puesto que, como señalan varios abogados consultados por este diario, ha habido un aluvión de llamadas de presos que piden a sus defensas que estudien si es viable su caso.
La primera solicitud de este tipo registrada en el tribunal provincial la realiza el abogado José Cabrejas en nombre de Edgar Patricio Ochoa. Concretamente, pide que los 13 años, seis meses y un día que le impusieron sea rebajado un año con la aplicación de la polémica normativa. Los otros cinco que cumple por producción de material pornográfico de menores de 13 años lo deja intacto.
Este penalista zaragozano señala en el escrito enviado a la Audiencia que teniendo en cuenta que al acusado se le aplicó el delito más grave en su mitad superior, cuyas penas iban de 12 a 15 años y se le impuso la pena de 13 años, 6 meses y un día, y que ahora el citado artículo 180 «ha sido modificado y el articulo 183 sustituido por el artículo 181 de la citada Ley y que las nuevas penas van de 10 a 15 años de prisión, por tanto aplicando la mitad superior de dicha pena serían 12 años, 6 meses y un día de prisión». «Aplicando la nueva legislación que es más favorable a mi representado, procede la revisión de la sentencia en el sentido de que se le imponga la pena de 12 años y medio de prisión por el delito continuado de agresión sexual», incide.
Segunda vez
De admitirse esta rebaja, sería la segunda. Inicialmente fue castigado con 20 años de cárcel, pero el Tribunal Supremo se lo rebajó a 18, tras un recurso del mismo letrado. Los magistrados consideraron que la víctima era solo una y que el delito de producción de material pornográfico utilizando a una menor de 13 años no admite la continuidad que apreció el tribunal provincial, aunque se realicen varias fotografías o grabaciones. El ponente de la misma fue Cándido Conde-Pumpido, que actualmente es magistrado en el Trubunal Constitucional y fue Fiscal General del Estado en el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Edgar Patricio Ochoa comenzó a abusar de su sobrina cuando ella tenía 7 u 8 años. Llevaba a la pequeña en un vehículo a un campo cercano al del fútbol de Villamayor (Zaragoza) y, una vez allí, le quitaba la ropa, le efectuaba tocamientos y se masturbaba en su presencia.
Cuando la menor inició el instituto, e incluso antes, comenzó a meterle los dedos en la vagina y le decía que si no se lo permitía le contaría a sus padres y a sus amigos lo que hacía y difundiría las fotos y vídeos sexuales que le hacía. Al cumplir los 12 años, el condenado comenzó a tener relaciones sexuales completas con ella. Estos hechos se prolongaron hasta el 28 de julio de 2014. Dos días más tarde, fue detenido.
El ahora condenado amenazaba a su sobrina con difundir las fotos y los vídeos que hacía y con contarle lo ocurrido a sus padres. Estos hechos se prolongaron hasta que la mujer del acusado le comunicó a la madre de la menor que había visto a su hija y a su esposo juntos, ante lo cual, y después de interrogar a la niña, esta confesó los hechos y posteriormente su padre lo denunció.
Edgar Patricio Ochoa, para facilitar los encuentros y poderse comunicar con la menor, a la que sus padres le habían quitado el móvil por falta de rendimiento escolar, le regaló dos teléfonos móviles.
El caso se destapó cuando la mujer del acusado manifestó a la madre de la menor que habían visto a su hija con su marido, ante lo cual los padres de la joven le preguntaron qué era lo que pasaba y, aunque esta al principio se negó a decir nada, posteriormente contó todo lo sucedido. Estos, inmediatamente, interpusieron una denuncia ante la Guardia Civil.
