La madre acusada de matar a golpes a su hija en el Picarral (Zaragoza) afronta la prisión permanente revisable

La vida de Vanesa Muñoz Pujol era muy diferente a la imagen que vendía en Facebook. La madre amantísima de dos niñas y dos niños ocultaba que los servicios sociales le habían quitado la custodia de tres de ellos y que les maltrataba y castigaba duramente. Laia, de tan solo 2 años, no pudo soportar más ese infierno y acabó muriendo como consecuencia de las constantes palizas que sufría. Así lo indicó la autopsia que enumeró 73 lesiones recientes y 28 antiguas. Ahora, esta joven y su novio Cristian Lastanao Valenilla afrontan la prisión permanente revisable por unos hechos ocurridos en enero de 2021.

Una petición de condena que solicitan todas las acusaciones, desde la Fiscalía, la Generalitat de Cataluña como tutora de la hermana mayor de la fallecida y el abogado del padre biológico de la menor. Quienes decidan el grado de culpabilidad de ambos encausados será un jurado popular que se constituirá en la Audiencia Provincial de Zaragoza por un delito de asesinato. Y es que en las diferentes declaraciones realizadas ante la jueza instructora, tanto Vanesa Muñoz como Cristian Lastanao se han responsabilizado mutuamente del brutal crimen.

La investigación del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón concluyó, a partir del informe forense y del estudio de los teléfonos móviles de la pareja, que el día en el que murió, el 21 de enero, Laia presentaba fiebre, diarrea, cansancio general quejándose de la tripa y negándose a comer. Eran los síntomas de la peritonitis que sufría como consecuencia de del centenar de lesiones que presentaba en su cuerpo. No sabían que llevaba seccionado el duodeno y en un momento dado se desvaneció por una «lenta agonía», llegando a meter a la pequeña en una bañera de agua fría. Ya no volvió a reaccionar.

Con Laia en brazos, los encausados bajaron al portal y pidieron ayuda a unos vecinos que, tal y como declararon a los agentes, ya vieron marcas extrañas en el cuerpo de la menor. Las acusaciones consideran que el piso situado en el número 2 de la calle María Sánchez Arbós, en el zaragozano barrio del Picarral era un «infierno». No solo por los malos tratos, sino también por los castigos a Laia por su «carácter movido y su mal comportamiento» a la que, presuntamente, le hacían comer guindillas, le daban salsa picante, la encerraban en un armario o la llegaron a colgar de un gancho en la pared como si fuera un abrigo.

Esto último los investigadores pudieron verificarlo con sus propios ojos, pues los encausados se habían enviado una foto por WhatsApp, mofándose de la situación.

 El estudio de los terminales fue clave en las pesquisas, pero también lo que cada uno de los procesados ha declarado en el procedimiento. El novio de la supuesta infanticida llegó a decir que esta «se cebaba» con Laia porque le recordaba «a la puta vieja», en referencia de su suegra. Según explicó «la tiraba al suelo», «le metía las braguitas llenas de mierda en la boca» y que «pegaba a los niños habitualmente, no todos los días, pero muy a menudo». 

Vanesa Muñoz, por su parte, señaló a su pareja sentimental y padre de un niño que en el momento del crimen tenía poco más de un año. Esta reconoció «ser consciente» de lo que hacía Cristian «pero que no lo pudo evitar» y que no atendía a los requerimientos de los servicios sociales «por miedo» a perder a sus hijos.

Además del centenar de lesiones que presentaba el pequeño cuerpo de Laia, la autopsia reveló que "existió consumo de cocaína durante los seis meses anteriores, también cannabis, así como trazas de un antidepresivo y de un hipnótico".

En 2020 los Equipos de Atención a la Infancia de Cataluña concluyeron que los menores se encontraban en una situación de riesgo grave para su integridad física y emocional. Pese a ello, la madre siguió viéndoles y en un régimen de visitas no los devolvió y se trasladó a Zaragoza. En el momento de la muerte de Laia el Gobierno de Aragón tenía abierto un expediente.