SUCESOS EN ARAGÓN
El juicio por el robo policial de botellas de alcohol en Zaragoza será en mayo
La huelga de secretarios judiciales obligó a suspender el juicio ya señalado en febrero
Botellas de alcohol decomisadas a una tienda del camino de las Torres. / POLICÍA NACIONAL
Ya hay fecha para el juicio con jurado contra dos mandos de la Jefatura Superior Policía de Aragón por hacer suyo un alijo de 319 efectos de la operación Inditex y 377 botellas de bebidas alcohólicas valoradas procedentes del decomiso de dos operaciones. Comenzará el 10 de mayo, después de que en febrero la Audiencia Provincial de Zaragoza se viera obligada a suspender la vista oral por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales.
En el banquillo se sentarán quien fuera inspector jefe de la Brigada Móvil de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, Enrique G. B., y el subinspector del Subgrupo de Hurtos, José Rafael A. P. Mientras que la Fiscalía solicita para ambos una pena de tres años de cárcel, y una inhabilitación por tiempo de siete años, la acusación popular, ejercida por el sindicato Jupol y a cargo del abogado Marco Antonio Navarro, eleva a seis años de prisión y una multa de 3.600 euros.
La investigación partió de una denuncia anónima que remontaba los supuestos hechos delictivos al 21 de enero de 2019. La investigación interna comprobó que faltaban 319 efectos de la operación Inditex –142 cosméticos, 103 artículos de ropa, 68 de perfumería y otras seis unidades sin determinar– y 377 botellas de alcohol valoradas en 4.000 euros, de las que 53 se habría quedado uno de los mandos y, el reto, el otro. La Fiscalía determina que ambos actuaron de forma individual, vulnerando la cadena de custodia.
Según la Fiscalía, en mayo colocó unos candados cuyas llaves siempre estuvieron en su poder. El 4 de septiembre, el jefe superior de la Policía en Aragón, Juan Carlos Hernández, mantuvo una reunión varios altos mandos, entre los que se encontraba el otro acusado, el inspector jefe de la Brigada Móvil de la Policía, a quienes les dijo que «habría que trasladar los efectos de los calabozos a las dependencias de General Mayandía». No hubo una orden directa, según el ministerio público. Pese a ello, supuestamente, decidieron hacerlo.
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