Los dos mandos policiales acusados de robar un alijo de botellas en Zaragoza hablan de complot

Corría el año 2019 y la proximidad de las Fiestas del Pilar hizo que la Jefatura Superior de Policía de Aragón tuviera que acondicionar sus calabozos para albergar detenidos ya que hasta ese momento estaban siendo utilizados como almacén para custodiar dos importantes alijos de botellas, cosméticos y ropa fruto de sendas operaciones llevadas a cabo por el Grupo de Hurtos. El destino de todos los efectos iba a ser las dependencias de General Mayandía, pero en los 92 metros que separan ambas instalaciones desaparecieron 377 licores y 319 perfumes, cosméticos y complementos. Ayer, el responsable de la mudanza y el de custodiar los objetos, dos mandos del Cuerpo Nacional de Policía, se sentaron en el banquillo ante un jurado popular que deberá decidir si son culpables o inocentes de que se llevaran todos o parte de los efectos que faltaron en el recuento. Ellos negaron la mayor en un interrogatorio en el que los acusados hablaron de un complot en su contra por el que afrontan hasta 6 años de prisión.

Tras la elección de las cinco mujeres y cuatro hombres que decidirán el destino penal de los encausado, la magistrada presidenta Pilar Lahoz dio la palabra a la fiscala que comenzó en la Audiencia de Zaragoza un profuso interrogatorio que en más de una ocasión puso contra las cuerdas a los dos procesados. El primero en hacerlo fue quien fuera inspector jefe responsable de la Brigada Móvil, de la Unidad Canina y de Subsuelo de la Policía Nacional, Enrique G. B. Este aseguró que la orden del traslado de todos los efectos lo hizo por mandato del jefe superior Juan Carlos Hernández, que hoy está citado a declarar como testigo. «Estábamos en una reunión por la celebración del patrón y al finalizar me dijo: ‘Kike, ¿sería posible trasladar todo de los calabozos a Mayandía?». recordó, mientras añadió que le preguntó cuándo y le contestó que «lo antes posible».

Enrique G. B. decidió hacerlo un domingo. «El sábado yo tenía boda, así que pensé en el domingo porque la gente libra y me podrían ayudar», explicó este inspector jefe, que aseguró haber limpiado en otras ocasiones este tipo de espacios y que «ante la falta de medios y de personal» apostó porque le ayudara su chófer y dos amigos y no pedírselo a otros subordinados o a los funcionarios que se encargan del mantenimiento.

Era 8 de septiembre y este agente, ayudado de los que calificó de «hermanos», decidió abrir las cajas. Su alegato fue que el cartón de las mismas «estaba muy deteriorado» y que, ante ello, decidió desprecintarlas y meterlas en otros recipientes. «Hay que pensar que 33 botellas son 30 kilos y si el cartón estaba en mal estado se rompía», justificó, mientras añadía que de todo hizo un inventario para saber qué se iba a llevar a ese lugar.

Pese a su dilatada experiencia admitió que no pensó en ningún momento que ese precinto, el mismo que emplea por ejemplo Homicidios para evitar entrar a un escenario de un crimen, podría romperse al igual que el acta pegada en cada una de las cajas en la que se señalaba qué objetos había en su interior y aparecía el sello policial unido al número de diligencias del juzgado para saber cuál era el origen de todo.

Afrontan 6 años de prisión

Enrique G. B., defendido por el letrado Enrique Esteban Pendás, aseguró que ya había «cinco, seis o siete cajas ya abiertas» cuando entró a esos calabozos, siendo contestado por la fiscala que «había abierto diez veces más». Una afirmación que realizó la representante del ministerio público gracias a que las cámaras de seguridad del interior de estas estancias grabaron todo lo que ocurrió ese fin de semana.

Apoyada en esas grabaciones, la acusadora pública y el abogado que ejerce la acción popular en representación del sindicato Jupol, Marco Antonio Navarro, le preguntaron qué explicación tenía que hiciera fotos de cosméticos y se las enviara a su esposa. Según este mando policial, lo hizo para que le ayudara porque «desconocía» algunos productos y tenía que inventariarlos. Una respuesta que tuvo una rápida contestación de la fiscala que le hizo enmudecer al preguntarle por el paradero de unos perfumes de Jean Paul Gaultier que se ve que manipula y no están por ningún sitio. «No sé por qué no están. Yo desprecinté colonias para saber a qué olían», aseveró.

Similar declaración mantuvo el otro de los encausados, Rafael A. P., quien no hizo la mudanza, pero ante la realización de la misma decidió «coger muestras» de diferentes objetos y custodiarlos en el cuarto del grupo de Hurtos en el que ejercía de subinspector. «Yo tenía todo con candados porque ahí entraba cualquiera», señaló, deslizando la idea de que si faltaban artículos podía ser de años anteriores a hacerse él con el mando y aumentar la seguridad.

Este policía, defendido por Pilar Sangorrín, aseguró que el alcohol «no le iba» e incidió en que él no estuvo el día del traslado, que él solo hizo darle las llaves a su compañero de banquillo y apartar una serie de productos que «deberían estar en el lugar en el que lo dejé». Una afirmación, al igual que la de insistir en que él no abrió las cajas que lo estaban antes de la mudanza, que no gustó tampoco a la fiscala que espetó: «¿Cómo me explica que se le vea sacar dos botellas de ron Barceló y no aparezcan en la relación?». No obtuvo contestación por parte del mando policial.

Tras sus declaraciones tuvo lugar la de la inspectora jefe de la unidad de Asuntos Internos que fue la encargada de investigar este asunto y cuyo informe hizo que se abrieran diligencias judiciales que han acabado en este juicio. Fue muy clara y concisa: «No es normal hacer una mudanza un domingo, pero más grave es hacerlo con personal civil y quebrantar la cadena de custodia al romper los precintos de custodia. Las cajas estaban bien, no había ningún motivo». Este martes continúa el juicio