La Audiencia Provincial de Zaragoza celebró ayer uno de esos juicios que no deja indiferente a nadie, primero, por la dificultad de la prueba a valorar y, segundo, por el contexto en el que se desencadenó la denuncia: un proceso de divorcio. Con todo ello, M. A. P. se sentó en el banquillo de los acusados como presunta autora de un delito de revelación de secretos por, supuestamente, entregar unos informes médicos de su exmarido al juzgado –«él no estaba capacitado para tener a las niñas y era la prueba objetiva para demostrarlo», justificó– en aras de hacerse con la custodia individual de sus hijas. Mientras que el denunciante manifestó que estos documentos clínicos nunca estuvieron en su posesión, la acusada defendió que dichos informes «eran de dominio familiar» porque se encontraban custodiados en el ordenador de la vivienda que compartieron hasta hace un par de años en Zaragoza.

Tal fue el nivel de contradicción que el interrogatorio se enmarañó con sendos testimonios que, por un lado, constataban la consumación del delito y, por otro, lo descartaban por completo. «Esos papeles los teníamos en casa tanto en los documentos compartidos del ordenador como en papel en un armario», sostuvo la mujer. «En mi casa nunca ha entrado un documento de ese tipo» contestó el hombre.

Precisamente, la importancia de estos informes radica en el supuesto trastorno mental que padece el denunciante, quien en 2014 inició un tratamiento psiquiátrico y psicológico tras el fallecimiento de su padre e incluso ingresó en el Hospital de Día Psiquiátrico de Adultos. No obstante, este hombre negó por completo su trastorno mental y cargó contra su exmujer –«tengo una depresión creada por ella», dijo– como instigadora del inicio de este tratamiento. «Yo nunca he tenido un problema de psiquiatría y ella estaba empeñada en que tenía que tomar medicación. Solo estaba de bajo ánimo, no tenía ninguna enfermedad y fue ella quien me obligó a ir al psiquiatra», explicó este hombre.

Su versión difiere de la ofrecida por su exmujer, quien no tuvo ningún tipo de duda en añadir que «sus tíos le intentaban ayudar con antidepresivos». «Inicialmente parecían prontos, pero después fue a más y tuvo conductas de agresividad conmigo. Di el paso de separarme desde el miedo de las amenazas diarias. Los documentos eran una manera de demostrar que él no podía encargarse de las niñas», argumentó la encausada, quien trató de explicar al tribunal provincial, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, que la incorporación de los informes forenses a la demanda de divorcio respondía a su intención por «proteger» a sus hijas. A día de hoy, la custodia es compartida si bien durante los primeros meses de divorcio fue concedida única y exclusivamente a la mujer.

Mientras que la Fiscalía solicita un año de cárcel, la acusación particular a cargo de Xenia Cabello eleva la pena privativa de libertad hasta los cuatro años y también acusa por falsedad documental solicitando otros cuatro años de cárcel: su representado apuntó que, entre los papeles de su historial clínico, identificó la letra de su ex si bien la prueba pericial caligráfica practicada en el plenario lo descartó por completo. Por su parte, la defensa interesó la absolución.