SUCESOS EN ARAGÓN

Primera vez que un acusado declara en último lugar en la Audiencia Provincial de Zaragoza

El presidente de una junta de compensación en Miralbueno se acoge a esta práctica reconocida por el Tribunal Supremo para justificar los 1.286.000 euros que fueron transferidos a dos empresas de su propiedad

C. I. M., J. J. C. R. y J. C. G., ayer, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

C. I. M., J. J. C. R. y J. C. G., ayer, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza. / A. T. B.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronunció el 26 de octubre de 2023 en favor del derecho del acusado a declarar en último lugar tras la práctica de toda la prueba a lo largo de un juicio. Y, casi nueve meses después, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza se convirtió ayer en el primer tribunal en concederlo en la capital aragonesa. Lo solicitó el presidente de la junta de compensación para el desarrollo urbanístico del barrio zaragozano de Miralbueno –J. C. P.– con la intención de defenderse de las acusaciones que pesan sobre él por, supuestamente, completar transferencias «injustificadas» desde las cuentas de la junta a dos empresas de su propiedad –Desarrollos Empresariales Brunete SL e Hispano Pirenaica de Gestión SL– por valor de 1.286.000 euros. Fue interrogado después de haberse practicado casi toda la prueba testifical y pericial.

Quienes declararon antes que él fueron sus dos compañeros de banquillos y ambos acusados se declararon víctimas de las artimañas del presunto cabecilla de la trama al alegar que nada sabían del origen ni del destino de las citadas transferencias. El primero de ellos –C. I. M.– trabajaba como cocinero en una posada rural de Palencia de la que era propietario J. C. P. y también ocupó el cargo de secretario en la Junta de Compensación desde 2011 hasta 2016. Lo hizo como «un favor» a su jefe después de que este le dijera que iba a ser «temporal» y sin cobrar «ni un céntimo» por ello.

Ayer reiteró que él solo firmaba «lo que las chicas de la oficina» le decían. «Lo juro por una hija que es lo más sagrado. Nunca he tenido un papel de esa junta en la vida», se defendió C. I. M., que incluso interpuso una demanda contra la empresa del cabecilla al detectar la Seguridad Social una serie de irregularidades en el cobro de su nómina.

El segundo de los acusados, el hijo del cabecilla, fue nombrado administrador de Desarrollos Empresariales Brunete SL al solicitárselo como «favor» el progenitor. Fue un cargo que ocupó desde junio de 2017 hasta abril de 2018 y, en paralelo, trabajaba como comercial en Hispano Pirenaica de Gestión SL. Aclaró que «nunca» tuvo «acceso» a las cuentas de la comisión.

El asesor que se hizo cargo de la contabilidad de la junta de compensación en marzo de 2019 descubrió que no se habían formulado ni presentado las cuentas a lo largo de los tres últimos años. «Detectamos una serie de transferencias que no tenían justificación alguna», aseveró. Por todo ello, el ministerio fiscal solicita penas que oscilan entre dos y seis años de cárcel por delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsificación documental.