El pleno del Ayuntamiento de Valderrobres aprobó ayer una declaración institucional en la que reclaman al Ministerio de Transición Ecológica una moratoria de dos años para la instalación de proyectos de energías renovables en la localidad. Los tres grupos municipales con representación en el consistorio del Matarraña, PP, PSOE y CHA, llegaron a un acuerdo para redactar una declaración conjunta. Esta decisión se suma a otras manifestaciones a favor y en contra que se están produciendo en las últimas semanas en el territorio afectado.

El objetivo de la declaración institucional, aseguró el alcalde de Valderrobres, el popular Carlos Boné, «no es posicionarse en contra o a favor de las renovables, sino que todos podamos convivir, porque hasta ahora lo único que han generado estos proyectos son enfrentamientos». El contenido de la declaración institucional se elevará al Ministerio de Transición Ecológica y a los departamentos de Presidencia, Agricultura y Vertebración de la DGA.

La declaración institucional expone que «se están presentando proyectos eólicos y fotovoltaicos fraccionados que incumplen, deliberadamente, la normativa estatal» y lamenta que «no se ha aprobado un Plan territorial de recursos energéticos que garantice el derecho de participación de las administraciones y agentes implicados» en Aragón, además de recordar que la declaración de utilidad pública de los proyectos implica la «expropiación forzosa de los  bienes y derechos».

Por todo ello, desde el ayuntamiento reclaman al Ministerio de Transición Ecológica y al Gobierno de Aragón la aprobación de una moratoria de dos años para la concesión de autorizaciones de proyectos eólicos y fotovoltaicos «en Aragón o al menos en la comarca del Matarraña» o durante el tiempo necesario «hasta que se apruebe un plan territorial de recursos energéticos». Además, reclaman a ambas administraciones que se garantice «el derecho de participación» de los agentes implicados y que se suspenda la declaración de utilidad pública de los proyectos porque esta supone «un ataque directo a la autonomía municipal».