El alcalde socialista de Cosuenda y diputado en la corporación provincial (DPZ), Óscar Lorente Sebastián, ha sido condenado por la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza a 10 meses de inhabilitación para cargo público como autor de un delito de falsedad de certificado en la inscripción de las fincas afectadas por un proyecto de reparcelación del PGOU que tenía como finalidad la construcción de un tramo de la ronda de circunvalación de la localidad, en el Campo de Cariñena. En la misma resolución, que es recurrible, el tribunal absuelve al regidor del delito de prevaricación.
La pena le ha sido impuesta en relación con la presentación en el Registro de la Propiedad de Daroca, en septiembre del 2017, de una certificación en la que, ante la ausencia de secretario municipal, imitaba la firma de una auxiliar administrativa. «El acusado puso de su puño y letra el nombre de la citada persona que certificaba, en calidad de secretaria accidental, e imitó las firmas de la misma que aparecían en el documento», establece el fallo en los hechos probados.
El Ministerio Público, que inicialmente calificaba los hechos de falsedad en documento público, varió sus conclusiones y terminó pidiendo un año de inhabilitación por falsedad en certificación. La acusación particular, ejercida por la letrada María Jesús Sariñena en nombre del propietario de una finca afectada por la reparcelación, había solicitado seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por los delitos de falsedad en documento público y prevaricación.
"Escasa trascendencia jurídica"
La sala ha considerado finalmente que los hechos constituyen un delito de falsedad de certificado «dada la escasa trascendencia jurídica de la alteración», ya que, añade la sentencia, el contenido del documento «es veraz». De hecho, el tribunal apunta que resulta «cuestionable si tal certificación se debía expedir nuevamente o si para la subsanación requerida era suficiente la presentación del anexo con la representación gráfica de las parcelas de resultado con coordenadas UTM, ya que la ausencia de este documento fue la causa que había motivado la calificación negativa del registrador de la propiedad».
Los hechos quedan acreditados, según la sentencia, por las declaraciones de la auxiliar administrativa y corroborados por un informe pericial presentado por un perito caligráfico judicial. En cuanto a la acusación de prevaricación (iniciar unas obras de urbanización sin haber pagado 12.000 euros a un propietario de terrenos), la resolución recoge que «no consta que acreditado que el acusado actuara de forma arbitraria, sino que lo hizo en todo momento con el asesoramiento de los técnicos». Además, establece que no se abonó la indemnización de forma inmediata al denunciante debido a que el secretario le aconsejó hacer un expediente de compensación de deudas».
Sigue como diputado no adscrito
El alcalde de Cosuenda, Óscar Lorente, al que representa legalmente el abogado José Antonio Sanz Cerra, especialista en temas de urbanismo, perdió su delegación en la dirección de la comisión informativa del área de Gestión de Servicios y Desarrollo Municipal de la Diputación de Zaragoza (DPZ) al trascender su doble imputación en un asunto de falsedad en certificado y en otro de coacciones. Sin embargo, sigue en la institución como diputado no adscrito y continúa al frente de su municipio.
