El pleno del Ayuntamiento de Alcañiz celebrado el martes aprobó por unanimidad, entre otros temas, la ratificación del reconocimiento de la deuda consistorial con Aquara, fijada por los servicios técnicos municipales en 1,69 millones de euros. Por su parte, la compañía adeuda al consistorio 273.081,84 euros correspondientes a los cánones de los últimos tres meses del año 2019 y a todos los del año 2020.

 La citada deuda de casi 1,7 millones de euros tiene su origen en la operación financiera y prórroga de concesión concertadas por el ayuntamiento alcañizano en el 2012 con la concesionaria del servicio municipal de abastecimiento de agua y alcantarillado, entonces Aquagest (actual Aquara), que fueron declaradas ilegales por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Teruel en el 2013, ilegalidades que, a su vez, fueron ratificadas por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 25 de mayo de 2016, según informó el consistorio en una nota de prensa.

El primer teniente de alcalde y concejal delegado de Aguas del ayuntamiento alcañizano, Javier Baigorri, explicó que con el reconocimiento plenario de la deuda «procedemos a regularizar las consecuencias que trajo la nulidad judicial del acuerdo de prórroga de la concesión, que fue hace ya cinco años; lo que estamos haciendo ahora es ejecutar una sentencia judicial firme», algo solicitado en reclamadas ocasiones por el juzgado. Baigorri añadiò, además, que una vez reconocida la deuda en la cuenta general, hay que liquidarla. Además, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha iniciado la contratación de un estudio para volver a licitar la concesión.

«El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Teruel ha solicitado repetidas veces al ayuntamiento que se proceda a ejecutar la sentencia, que en este caso significa realizar todos los actos derivados de la nulidad, así que hemos reconocido primero la deuda en la cuenta general, ahora estamos liquidándola y también, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, hemos iniciado la contratación de un estudio sobre modelos de gestión del agua para volver a licitar la concesión con el modelo que dicho estudio determine como más eficiente», explicó el concejal.

Por su parte, la concejala delegada de Participación Ciudadana, María Milián, recordó que «fue Izquierda Unida quien interpuso la demanda judicial contra la prórroga de la concesión del servicio municipal de aguas acordada entre el gobierno de Suso y Aquagest en el 2012, y ahora el tiempo nos da la razón, porque incluso en el pleno han votado a favor de reconocer la deuda aquellos que sostuvieron años que no lo era».