El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Teruel ha condenado al Ayuntamiento de Alcañiz y a la empresa de jardinería Sifu a pagar 1,3 millones de euros en indemnizaciones a los vecinos afectados en el deslizamiento del cerro Pui Pinos, ocurrido en abril de 2017. Deberán pagar 50% Ayuntamiento y 50% Sifu. Además, la aseguradora Mapfre podría cubrir unos 400.000 euros del coste total. La sentencia, dada a conocer este lunes, señala que la ladera se vino abajo debido a que su estabilidad era «extremadamente precaria».

El Ayuntamiento de Alcañiz anunció que está estudiando fórmulas para buscar financiación y acatar la sentencia, según el teniente de alcalde, Javier Baigorri (PSOE), que calificó de «nefasta» la «herencia» recibida del anterior equipo de gobierno PP-PAR. «Nos condiciona la gestión actual del ayuntamiento al obligarnos a endeudarnos para pagar las deudas y errores de gestión del anterior mandato», apostilló. La sentencia cuestiona la labor de la arquitecta municipal y la técnico de Medio Ambiente (ambas funcionarias) puesto que «ninguna de ellas se consideró competente y, por lo tanto, ninguna llevó a cabo un seguimiento de las actuaciones». 

Destaca la jueza que «de la valoración conjunta de la prueba practicada se constata que el deslizamiento se produjo debido a la inaceptable inestabilidad de la ladera, que colapsó por saturación de agua procedente de una tubería de riego, tratándose de un suceso previsible por el Ayuntamiento». «El deslizamiento no fue causado por una previa rotura de la muralla medieval que determinara el desprendimiento y consecuente rotura de una tubería», insiste la jueza firmante de esta sentencia. 

De hecho, recuerda que los desprendimientos desde la ladera eran tan conocidos que incluso se instaló una barrera de contención de madera y anclajes por parte del Ministerio de Fomento para evitar que las piedras llegaran hasta las casas y a la carretera. Sobre la responsabilidad de Sifu en lo que refiere al mantenimiento de la tubería, la magistrada señala que la no detección de una avería en una tubería soterrada no implica incumplimiento del contrato, sino que la detección de fugas y conservación/renovación de las conducciones soterradas era competencia municipal, como se deriva de la interpretación de la totalidad del contrato interpretado en su conjunto. 

El anterior alcalde, Juan Carlos García Suso, insistió en que los «informes los hacen los técnicos y, por lo tanto, estamos al margen de cualquier informe técnico».