La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Fraga denunció este lunes que la entidad bancaria BBVA ha vendido a un fondo buitre, presuntamente, las viviendas de cinco familias que estaban pendientes de ser desahuciadas.

Los pisos, que en algún caso han sido demolidos desde que empezó el procedimiento de enajenación, han ido a parar a la entidad Intrum, según señaló ayer Xandru Sánchez, responsable de la PAH del Bajo Cinca.

«En dos de los casos, el desahucio ya fue archivado y en los otros tres se paralizó», afirmó la misma fuente. «Vamos a pedir a un abogado que presente un recurso contra esta medida pues consideramos que el fondo buitre no está legitimado», añadió.

El objetivo, mantiene la PAH, es «reabrir ejecuciones hipotecarias archivadas o paralizadas anteriormente en el juzgado».

Los hechos se han producido durante las últimas semanas, cuando varias familias han recibido autos del juzgado de Fraga que lleva el caso.

En ellos que se les notifica la «reapertura de expedientes de ejecuciones» hipotecarias como consecuencia de la denuncia de impago de Intrum Investment, «un fondo buitre que ha adquirido los inmuebles propiedad de BBVA», que fue la entidad financiera que instó la ejecución de los desahucios, explicó Xandru Sánchez.

PROCEDIMIENTO ANULADO

Para la PAH de Fraga, «esta práctica es manifiestamente ilegal, ya que el fondo buitre no puede reclamar una propiedad ni una deuda contraída de una vivienda que fue adquirida posteriormente a la ejecución hipotecaria primera a instancias de BBVA».

Desde el punto de vista de la PAH se está produciendo una «clara situación de falta de legitimación activa que habría de dar lugar al archivo inmediato de las diligencias».

Por otro lado, el colectivo antidesahucios recordó que el pasado verano el Juzgado número 1 de Fraga, ya anuló un procedimiento de desahucio a una familia de la localidad, «por falta de legitimación activa de otro fondo buitre, Cerberus-Divarian, y condenó en costas a BBVA».

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha manifestado que los perjudicados son familias del municipio fragatino que tienen dificultades para el acceso a la vivienda por falta de recursos y que, si finalmente se materializaran los desahucios promovidos, se verán abocadas a vivir en una situación de precariedad.