Primero trataron de amortizar su plaza de gerente de la Comarca de Sobrarbe si bien el revés del secretario que lo invalidó hizo retroceder en un primer momento a la Comarca para luego volver a tramitarlo y acordar el despido. Una expulsión laboral que ha sido calificada de improcedente y, por tanto, la institución ha sido condenada. Habían alegado reorganizar la estructura, pero solo habían tocado este puesto que era fijo. Fue en marzo de 2021.

La trabajadora acabó cursando una baja por acoso laboral en un momento en el que el secretario interventor también fue sustituido por otra en mayo de 2020, después de señalar ante la Inspección de Trabajo que «se sentía utilizado para los intereses de presidente y vicepresidenta comarcales que indica no eran otros desde que tomaron posesión de sus cargos que acabar con la presencia de la gerente».

La sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) señala que la comarca, en su calidad de empleadora, «no justifica debidamente los criterios que han llevado a la supresión de una plaza laboral, ganada en un proceso selectivo, con respeto a los principios de publicidad, mérito y capacidad». «Se trata, por tanto, de una decisión basada en criterios no debidamente justificados, que determina la calificación de improcedente», apostillan.

Los magistrados confirman la sentencia del juzgado que llega a señalar que la causa para la amortización y despido de este puesto no ha sido la organizativa, sino que se debe a otros motivos, «incluso de carácter político». Por todo ello, la Comarca de Sobrarbe está condenada a que, a su elección, readmita a la ya exgerente en las mismas condiciones laborales o, que se le indemnice con 125.095,70 euros, con deducción de la cantidad entregada en concepto de indemnización (65.708,75 euros). Para el caso de readmisión deberá abonar a a la mujer los salarios dejados de percibir desde su despido hace más de un año, tal y como solicitó su abogado Sergio Clavero. Un dinero que tendría que abonarse en detrimento de los servicios públicos que financia el Gobierno de Aragón.

El puesto que han eliminado existía desde la creación de la comarca en 2003. Se encontraba cubierto desde el primer momento de manera reglamentaria y por personal laboral fijo, ostentando también las funciones de gerencia del Geoparque mundial de la Unesco Sobrarbe-Pirineos y de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés, de la cual son miembros un centenar de ayuntamientos y la Diputación Provincial de Huesca, que es también la principal financiadora.

En paralelo y en relación con este despido, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Boltaña mantiene abierta una causa por prevaricación, la malversación de fondos públicos, delito contra la seguridad de los trabajadores, acoso laboral, descubrimiento y revelación de secretos y falsificación de documentos y su utilización en juicio contra el presidente y la vicepresidenta comarcal, José Manuel Bielsa y Carmen Muro. Estos son trabajadores de la comarca que se encuentran en excedencia forzosa al tomar posesión de sus cargos políticos.