El Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno autonómico, a través del Instituto Aragonés de Fomento, ha resuelto las ayudas, financiadas con el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), para infraestructuras eléctricas, gasísticas, hidráulicas y de conectividad inalámbrica.

En concreto, se ha concedido subvención a 12 proyectos de inversión por un importe total de 1,5 millones de euros, de los cuales siete proyectos corresponden a ayuntamientos y cinco a empresas privadas. Se trata de ayudas a inversiones realizadas y pagadas en el periodo de ejecución comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de octubre de 2022.

En total, se habían recibido 57 solicitudes, de las cuales 50 corresponden a ayuntamientos y entidades públicas y siete a entidades privadas, según precisó ayer el Ejecutivo autonómico.

Han sido objeto de las subvenciones los proyectos de la provincia de Teruel relacionados con infraestructuras que promuevan, directa o indirectamente, la creación de riqueza y puestos de trabajo y contribuyen a la fijación de población.

De este modo, han podido optar a esta convocatoria tanto empresas que desarrollen su actividad en la provincia como grandes empresas, pymes y autónomos, así como entidades y administraciones públicas de la provincia.

El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, subrayó que estas ayudas permiten a la provincia de Teruel «seguir dando pasos en firme para mejorar las infraestructuras energéticas y gasísticas, sin olvidar la importancia de la conectividad para las telecomunicaciones inalámbricas o las conexiones de proyectos de saneamiento», dijo.

Según Aliaga, «no solo se avanza en el desarrollo energético y de las conexiones tecnológicas, sino que con este tipo de convocatorias se contribuye a la creación de empleo, a mantener el existente y, como consecuencia, a la fijación de población en el territorio».

El presupuesto de la convocatoria supone 500.000 euros más respecto a las anteriores. Así, se busca financiar un mayor número de proyectos atendiendo a la alta demanda en fases anteriores. La inversión mínima en infraestructuras no puede ser inferior a 20.000 euros. En el caso de las empresas no puede superar los 200.000 euros, ni los 500.000 para administraciones y entidades públicas.