Las localidades de Botorrita, Cadrete, Cuarte de Huerva, Jaulín, María de Huerva y Mozota sufrirán este mes, si nadie lo impide, los paros parciales que están dispuestos a hacer los 16 trabajadores que se encargan de la recogida de los residuos. Pertenecen a la empresa Urbaser, que se ocupa del servicio en el consorcio que agrupa a estos municipios bajo el paraguas de la denominada Mancomunidad del Bajo Huerva, y detrás de este conflicto está la revisión del convenio laboral que, al parecer y según ellos mismos denuncian a través de CCOO Aragón, la contrata no quiere negociar. Porque, entre otras cosas, el nuevo contrato está aún en licitación, pese a que debía haberse resuelto «antes del verano» y la empresa no tiene ninguna intención de continuar porque ni siquiera ha presentado oferta al concurso público convocado.

«La plantilla encargada de la recogida de residuos solidos urbanos de la Ribera del Bajo Huerva comienza un calendario de movilizaciones por el bloqueo de la renovación del convenio colectivo», denunció ayer el sindicato en un comunicado. Unas afecciones en el servicio que, dentro de su horario habitual de seis horas y media, entre las 7.00 y las 13.30 horas, solo afectarían a 45 minutos, «entre las 9.00 y las 9.45 horas», concretó Mariano Álvarez Pina, secretario de negociación y acción sindical de CCOO del Hábitat en Aragón.

«El pasado 6 de octubre, el personal de esta contrata que gestiona Urbaser aprobó en asamblea, la convocatoria de paros parciales durante dos semanas a partir del próximo día 24 de octubre. Quieren manifestar su malestar ante la postura inmovilista de la mercantil que no quiere renovar el convenio colectivo», destacó el representante de CCOO, quien añadió que «tras 9 meses y medio de conversaciones para renovar el texto del convenio y actualizar los salarios de la plantilla» la empresa no ha movido ficha y «lleva meses utilizando la excusa de que la licitación de esta contrata va a ser adjudicada en breves a otra mercantil». La licitación se inicio en 2021 y en diciembre ya se conocían las ofertas.

Ahora, desde el sindicato aseguran que «se seguirá recogiendo la basura de estos municipios», aunque es obvio que durante los paros se va a notar la afección, lo cual quizá consiga que los ayuntamientos de estas localidades o la mancomunidad se impliquen más en un conflicto que ahora solo perjudica a los 16 trabajadores.

Para CCOO y la plantilla, el argumento de la licitación en curso «no es excusa para no dotar de unos incrementos económicos a su personal en este 2022, y más teniendo en cuenta como se están encareciendo los costes de la vida, y que el IPC en Aragón ronda el 9,4%, porque además la nueva mercantil no asumirá incrementos de unos periodos en los que no gestionaban el servicio». Para ellos han presentado ya varias propuestas, la última era de «una paga de 500 euros anuales por trabajador, lo que supondría un aumento de entre el 2,5% y el 3%». Mientras, este martes ambas partes están citadas en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para intentar evitar los paros.