La entrada en vigor de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática ya ha provocado los primeros movimientos en el tablero político de Aragón, tanto que algunos de estos actores solo tardaron horas en moverse. De hecho, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el portavoz del Grupo Municipal del PSOE en Calatayud, Víctor Javier Ruiz de Diego, envió a la Delegación del Gobierno un escrito de solicitud en el que instaba a esta institución a la adopción de un acuerdo para dejar sin efectos el acuerdo plenario adoptado el 26 de diciembre de 1951 por el que se concedió la medalla de oro a Francisco Franco Bahamonde.
Cuatro días más tarde, el 25 de octubre, la Delegación del Gobierno contestó a esta petición instando «a esa corporación municipal a iniciar las actuaciones necesarias para la adopción de un acuerdo explícito, por parte del pleno municipal, que deje sin efecto el acuerdo plenario de 26 de diciembre de 1951 (...) a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática».
El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, aseguró ayer a este diario que, «como no puede ser de otra forma», cumplirán con la legislación una vez el secretario del consistorio se encargue de abrir el expediente correspondiente por el que se revocará ese acuerdo plenario.
De todos modos, Aranda insiste en la naturaleza «vitalicia» de este galardón de la ciudad bilbilitana, por lo que recurre a la definición de este término que aporta la RAE: «Que duran desde que se obtienen hasta el fin de la vida». Por tanto, esta medalla perdió su vigencia el mismo 20 de noviembre de 1975 en el que falleció Franco. En este sentido, Aranda no entiende los intereses del grupo socialisita por «arrancar unas páginas de la historia» por «muy lamentables» que sean.
Por su parte, Ruiz de Diego afirmó que ahora es el turno del alcalde, quien debe instruir al secretario para ejecutar la orden. Si no es así, llevarán su requerimiento al próximo pleno, que se celebrará este mismo mes de noviembre y, en caso de que se vote en contra, solicitarán su imposición.
