Revuelo en Tarazona por "unos chalets ilegales en suelo rústico y agrícola"

Hace aproximadamente una década que en varias parcelas agrícolas de Tarazona se levantaron «chalets de puta madre» y, tras la pandemia, cuentan a este diario fuentes conocedoras de la situación, ha sido «un boom»; tanto es así que a día de hoy se podrían contabilizar más de medio centenar de este tipo de edificaciones en un suelo que, por ley, dicen que no lo permitiría. La pregunta que se hacen algunos turiasonenses es: «¿Por qué se permite la construcción industrial en suelo rústico?»

Según denuncian algunos vecinos, estas edificaciones son «construcciones ilegales en suelo rústico y agrícola», una práctica «fuera de lo que regula la ordenanza municipal» por la que se rige Tarazona. En este sentido, precisan que la regulación turiasonense establece que en este tipo de suelo tan solo se pueden construir «casetas de aperos» con una superficie máxima de «30 metros cuadrados»; algo que, a su parecer, difiere mucho de las edificaciones que se han levantado, que incluso quedan acompañadas de piscinas. «Les llaman huertos, pero son unos chalets de puta madre», critican.

En paralelo, estos vecinos se preguntan «¿dónde van los residuos fecales?», ya que estos inmuebles «técnicamente deberían carecer de desagües». «No sabemos qué hacen con los residuos; carecen de licencia de obras, es decir, se construye y punto», zanjan. También critican que están «inflando el precio de la tierra» con precios en torno a «20.000 euros por 3.000 metros cuadrados».

El asunto llegó en diciembre a los oídos del Justicia de Aragón y, de hecho, el lugarteniente de dicha institución, Javier Hernández, respondió a esta petición vecinal enviando un requerimiento al Ayuntamiento de Tarazona por el que solicitaba que «nos informe sobre la cuestión que se plantea». A fecha de 4 de mayo, el Justicia manifestó que el consistorio turiasonense todavía no había remitido ningún tipo de información al respecto.

«Dado que esta información es precisa para resolver la cuestión planteada, volvemos a efectuar un nuevo requerimiento al mencionado organismo, recordándole la obligación que tiene de colaborar con esta institución. Confiamos en que sea atendido y se pueda proseguir la instrucción normal del expediente», argumentó el Justicia en el envió de un segundo requerimiento.

Estas mismas fuentes aseguran que el Ayuntamiento es consciente del «incumplimiento de la ordenanza» y que dicha institución incluso ya ha notificado a los propietarios de estas parcelas que deben derribar las edificaciones. Sin embargo, «nadie lo ejecuta» y por eso solicitan al consistorio que actúe de oficio, aunque desde la casa consistorial les alegarían que el proceso jurídico es demasiado caro. «Parece que pagando el IBI, contentos todos», denuncian. Ante ello solicitan que se busquen fórmulas alternativas y se pueda canalizar por medio de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).