Ecologistas en Acción denuncia a una empresa en Monzón por verter sustancias tóxicas al río Cinca
La organización ecologista denuncia que Carburo del Cincaha incumplido hasta en 35 ocasiones los límites permitidos en sus vertidos
Una imagen de archivo del cauce del río Cinca / AYUNTAMIENTO DE FRAGA
Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Huesca contra la empresa Carburo del Cinca, ubicada en Monzón, por los vertidos continuados al río Cinca y el reiterado incumplimiento de los valores límite de emisión fijados en su autorización ambiental integrada. Según la organización ecologista, entre abril de 2024 y octubre de 2025 la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) realizó siete analíticas de los vertidos de la factoría al río Cinca, espacio protegido de la Red Natura 2000.
En esos controles, a los que ha tenido acceso Ecologistas en Acción, se habían detectado hasta 35 incumplimientos de los límites autorizados, algunos de ellos de especial gravedad, como en el caso de la conductividad, con valores que llegarían a multiplicar por diez los permitidos, señalan los ecologistas en una nota de prensa.
Las analíticas también reflejan la presencia reiterada de hasta seis sustancias no autorizadas, entre ellas cloroformo, 1-2 dicloroetano o benceno, todas consideradas tóxicas. La organización denuncia además que en la actualidad continúa el vertido de sólidos en suspensión de color negro, que se depositan en el lecho de un cauce secundario y que no se corresponden con ninguna de las sustancias permitidas.
El vertido de lodos negros detectado el pasado mes de octubre motivó la apertura de un expediente sancionador, en el que Ecologistas en Acción está personada. No obstante, la entidad considera que no se ha tenido en cuenta el carácter reiterado y generalizado de los incumplimientos constatados en 2024 y 2025, y subraya que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos y a su reiteración.
En su denuncia, Ecologistas en Acción apunta también a una posible falta de diligencia por parte de las administraciones competentes. Por un lado, a la CHE, por no haber adoptado medidas suficientes pese a detectar incumplimientos continuados, y por otro, al Gobierno de Aragón, al que atribuye no haber exigido a la empresa la resolución del problema del vertedero de escorias, que desde al menos 2008 estaría generando lixiviados tóxicos que acaban en el río.
Por todo ello, la organización solicita a la Fiscalía la apertura de diligencias penales por un posible delito ecológico y que se investiguen las posibles responsabilidades de la empresa y de las autoridades competentes por la falta de aplicación de la normativa de protección ambiental.
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