El alcalde de Calamocha niega estar a la espera de juicio por la denuncia de Teruel Existe sobre permuta de inmuebles

El alcalde de Calamocha, Manuel Rando (PSOE), ha negado estar a la espera de juicio, en relación con la denuncia que tres concejales de Teruel Existe han interpuesto contra él y un empresario de la localidad por una permuta de inmuebles y otros hechos vinculados a contrataciones y uso de instalaciones municipales.

El Ayuntamiento de Calamocha ha informado este sábado en una nota de prensa del posicionamiento del primer edil, que se pronunció durante el último pleno ordinario por primera vez acerca de la denuncia.

Rando quiso aclarar la situación de la causa, dado que, según apuntó, hay "multitud de informaciones malintencionadas y muy reiterativas". Destacó como ejemplo un vídeo del concejal de Teruel Existe José María Hernández donde asegura que el alcalde "está a la espera de juicio".

En ese sentido, recalcó que tal afirmación es "rotundamente falsa", pues puede sugerir o sugiere "muy erróneamente" que el juicio es inevitable.

"En absoluto es así. No es cierto", dijo el primer edil, que también observó la posibilidad de que esta afirmación pudiera, entre otras cuestiones, "vulnerar la presunción de inocencia".

"Ni siquiera he recibido notificación personal alguna del juzgado sobre tal denuncia", subrayó Rando, que también insistió en que el Ayuntamiento de Calamocha "colabora y colaborará con total transparencia" en todo aquello que le requiera la justicia.

El regidor señaló que "el daño" que los tres concejales de Teruel Existe pueden estar causándole en los planos físico y psíquico y en el honor contra su persona, entre otros, "se podrá valorar en su momento" y añadió que no será él quien lo haga.

El martes, Teruel Existe instó al PSOE a dar ejemplo y apartar de forma inmediata a los alcaldes de Calamocha y Mosqueruela, investigados por presuntos delitos de malversación y prevaricación, con denuncias ya admitidas a trámite en los juzgados.

En el caso de Calamocha, la denuncia apunta a una permuta de inmuebles que, según el grupo denunciante, habría generado un perjuicio económico para el ayuntamiento superior a 200.000 euros, además de otros hechos vinculados a contrataciones y uso de instalaciones municipales.