Teruel refuerza su política social con nuevas ayudas al alquiler para familias monoparentales

La alcaldesa, Emma Buj, ha informado tras la Junta de Gobierno de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de una nueva convocatoria de ayudas al alquiler destinadas a familias monoparentales, un colectivo que el ayuntamiento considera especialmente vulnerable.

Buj ha destacado que estas ayudas están dirigidas a cualquier progenitor que afronte en solitario el mantenimiento familiar, independientemente de su género, aunque ha reconocido que mayoritariamente son mujeres con hijos quienes integran este tipo de hogares. En este sentido, ha subrayado las dificultades añadidas que encuentran en el acceso a la vivienda, uno de los principales problemas actuales tanto a nivel nacional como local.

Estas subvenciones, puestas en marcha el pasado año, tuvieron una acogida limitada debido al desconocimiento inicial, una situación habitual en nuevas líneas de ayudas. No obstante, el Ayuntamiento ha decidido mantenerlas al considerar que responden a una necesidad social evidente.

La concejal de Servicios Sociales, Carmen Romero, ha detallado que el objetivo de estas ayudas es facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler y aliviar la carga económica que supone para las familias monoparentales.

El plazo de solicitud se abrirá mañana 28 de abril y permanecerá vigente hasta el 15 de septiembre de 2026, ampliándose respecto al año anterior para facilitar la tramitación y permitir que un mayor número de familias conozca la convocatoria.

Como principal novedad, además de las familias con carné de familia monoparental expedido por el Gobierno de Aragón, podrán acceder aquellas en las que el progenitor tenga la guarda y custodia exclusiva de los hijos, ampliando así el alcance de la ayuda. La subvención cubrirá hasta un máximo de tres mensualidades del alquiler de la vivienda habitual, con un límite de 400 euros mensuales, lo que supone un máximo de 1.200 euros por familia. La partida total destinada a esta convocatoria asciende a 10.000 euros.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, contando con apoyo tanto de la oficina municipal de vivienda como de los servicios sociales para su tramitación.

Cerca de 800.000 euros adicionales de fondos europeos

En materia económica, la alcaldesa ha anunciado la llegada de 782.855 euros adicionales procedentes de fondos europeos Next Generation, fruto de la redistribución de recursos no ejecutados por otros ayuntamientos. La junta de Gobierno ha dado luz verde al encargo de ejecución a la Sociedad Municipal Urban Teruel, SA, de las actuaciones concretas financiadas con cargo a los Fondos Europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía.

Buj ha comparado la gestión de la financiación con un “tetris”, en el que los consistorios deben adaptarse a la disponibilidad de fondos. Estos fondos corresponden a actuaciones ya ejecutadas, como las obras del puente de la Equivocación, la renovación de aceras en la avenida Aragón y la implantación de sistemas inteligentes de control de tráfico y accesos al centro histórico.

El dinero, que ya ha sido concedido mediante convenio con el Gobierno de Aragón, se incorporará a la caja municipal, permitiendo mejorar la liquidación presupuestaria futura.

Las primeras actuaciones podrían licitarse en los próximos meses, y entre ellas figura la iluminación del acueducto de Los Arcos como uno de los proyectos iniciales. En paralelo, el consistorio actuará de forma provisional en la Plaza de la Marquesa con trabajos de bacheo, mientras se redacta un nuevo proyecto de reforma adaptado a su reciente peatonalización y orientado a mejorar la funcionalidad del espacio.

Regularización: 105 solicitudes en una semana

En relación con el proceso de regularización de inmigrantes, el ayuntamiento ha registrado 105 solicitudes de informes de vulnerabilidad en servicios sociales durante la primera semana.

La alcaldesa ha criticado la falta de instrucciones claras por parte del Gobierno central a los ayuntamientos y a las entidades que tienen que gestionar esos informes de vulnerabilidad, y ha calificado el proceso de desorganizado y desordenado. Buj ha añadido que el consistorio ya ha solicitado aclaraciones a la Subdelegación del Gobierno sobre los criterios de emisión de dichos informes.