El TSJA admite a trámite el recurso de los ecologistas contra la telecabina Astún–Candanchú

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) admitió a trámite hace unos días el recurso contencioso administrativo contra el proyecto del telecabina Astún-Candanchú formulado por la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón por medio de Ecologistas en Acción Aragón, junto SEO/BirLife y Fundación Conservación Quebrantahuesos. Tras esa admisión, se inicia el proceso presentando en la demanda basado en no haberse respetado por parte del proyecto la normativa ambiental de aplicación.

Los principales fundamentos de ese incumplimiento son que no se ha realizado la “evaluación ambiental adecuada” que exige la normativa y la jurisprudencia en relación con la afección a los espacios de la Red Natura 2000 sobre los que se ubica el proyecto y sobre los que están próximos. "Adicionalmente, con la evaluación ordinaria realizada ya se constata la grave afección y la ausencia de certezas científicas sobre la no afección a dicho espacio", indican los colectivos demandantes.

Otro aspecto relevante es que "no se ha tenido en cuenta la evidente y grave afección" que este proyecto tiene en el territorio francés (con el agravante de que la afección es a zonas protegidas, al Parque Nacional de los Pirineos francés) "sin que se haya llevado a cabo la evaluación ambiental transfronteriza que resulta obligatoria en estos casos"-

Protección del quebrantahuesos

Un aspecto que llama poderosamente la atención es el Estudio de Avifauna, "que se ha realizado sorprendentemente en un período de unos meses y no analizando un ciclo anual como indica la lógica, las evidencias científicas y la normativa de aplicación", señalan. Esta irregularidad hace que sea imposible que esté bien redactado el Estudio de Impacto Ambiental y que los riesgos del proyecto hayan sido correctamente evaluados.

Otras de las irregularidadesn es no haberse valorado el Plan de Gestión de la ZEPA Los Valles, no respetar la normativa de protección del Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), contravenir las Directrices de Ordenación Territorial del Pirineo en relación con los Bienes de Interés Cultural (BIC) afectados por el proyecto (como el trazado del Camino de Santiago) o no haberse evaluado el riesgo de accidentes graves o catástrofes (como los riesgos por inundabilidad, en una zona frágil en este aspecto) que exige la normativa de evaluación ambiental.

Desde las organizaciones, además, recuerdan que el telecabina es un proyecto "envuelto en la polémica" por haber sido declarado de interés general (PIGA) "para gozar de una serie de privilegios", que ha sufrido innumerables cambios, plazos y presupuestos "que se han disparado desde los 11 millones dichos inicialmente hasta los actuales 35 (siempre con financiación pública para un proyecto que tiene unos beneficiarios privados) y que tiene sobre él la sombra de proyectos inmobiliarios especulativos asociados", recalcan.

"Cabe recordar además que está parcialmente financiado por fondos europeos Next Generation precisamente para fomentar el desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza. Unos fondos europeos que daban como plazo para tener ejecutada la obra al 100% el 30 de junio de 2026, por lo que hasta los plazos se incumplen en este irregular proyecto al que ahora se recurre esperando que este proceso judicial sirva para poner orden en estas irregularidades", indican desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón.