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La Diputación de Zaragoza convocará una "subasta pura y dura" para salvar la feria taurina del Pilar: "Será al mejor postor"

El TSJA desestima las cautelares pedidas por la DPZ contra el acuerdo del TACPA sobre el concurso de explotación de La Misericordia

La plaza de toros de La Misericordia.

La plaza de toros de La Misericordia. / epa

Carmelo Moya

Carmelo Moya

Zaragoza

La Sección 1ª de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dictó este pasado jueves un auto desestimando la petición de medidas cautelares solicitada por la Diputación Provincial de Zaragoza contra el acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) de 18 de marzo de 2026 por el que declaraba «nulo de pleno derecho el procedimiento de licitación y los Pliegos sobre la explotación» de la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza.

A pesar de ello, la DPZ aún puede impugnar la resolución. Para ello deberá presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón un recurso de reposición en un plazo de cinco días a contar desde este viernes.

La catastrófica situación en la que se encuentra el proceso nace de su paralización debido a los recursos interpuestos y admitidos por el TACPA por las mercantiles participantes en la pugna por la adjudicación Tauroemoción (Alberto García Buj) y Pueblos del Toreo, SL (Víctor Zabala). Otros como los de Nautalia Viajes o Simón Casas habían sido rechazados por dicho organismo. Ante tal primer revés la diputación acudió al TSJA solicitando –sin éxito– medidas cautelarísimas y recurriendo de nuevo pidiendo –siendo también rechazadas ahora– medidas cautelares. Todo ello ha desencadenado en una primera consecuencia: la imposibilidad de celebrar la feria de San Jorge en torno al 23 de abril.

Tras conocer el nuevo auto del TSJA, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha asegurado este viernes que los servicios jurídicos de la diputación se van a poner a trabajar «desde ya» en la redacción de un nuevo pliego «para poder adjudicar la plaza de toros de La Misericordia antes de las Fiestas del PiIar».

Más allá de asumir cualquier tipo de responsabilidad –como desde el principio de este proceso– Sánchez Quero ha abundado en su postura de no compartir «la decisión del TSJA»: «Seguimos creyendo que nuestra actuación ha sido la correcta y que manteniendo el recurso contra el acuerdo del TACPA la Justicia nos dará la razón, pero ante todo queremos adjudicar la plaza cuanto antes, así que vamos a sacar un nuevo pliego».

Salida de emergencia

En este sentido, el presidente de la DPZ ha apostado este viernes por una salida de emergencia para adjudicar el contrato de explotación de, al menos, la Feria del Pilar de este año antes de plantear el futuro a partir de 2027: «El TACPA dijo a la Diputación de Zaragoza que para que haya toros en la plaza de La Misericordia debe licitarse un contrato de concesión de servicios como los que sacan los ayuntamientos para el transporte urbano, la limpieza viaria o la recogida de la basura. Nosotros no estamos de acuerdo, pero el TSJA ha rechazado nuestra petición de cautelares y ahora la única forma de adjudicar la plaza antes del Pilar es convocar un contrato patrimonial, una subasta pura y dura al mejor postor, sin entrar en otras cuestiones que sí regulaba el pliego anulado por el TACPA».

La decisión del TSJA aboca a la DPZ a convocar una nueva licitación al mejor postor en la que no podrá regular ni la calidad de los espectáculos ni los precios y descuentos. De hecho, la modalidad de subasta implica que se atiende exclusivamente a un criterio económico y que la institución no podrá intervenir en ningún aspecto de la explotación en lo referente, por ejemplo, a la política de precios.

El presidente de la DPZ tampoco ha dejado atrás en sus críticas a los empresarios que recurrieron ante el TACPA responsabilizándolos de que no vaya a poder celebrarse la feria de San Jorge: «Como ya dije, creo que han actuado de mala fe poniendo todo tipo de zancadillas desde el principio y desarrollando una actuación concertada entre distintos operadores que responden al mismo interés económico, comparten propósito y han actuado coordinadamente no para proteger un interés individual de cada una de sus empresas, sino el colectivo, con el único objetivo de dilatar o impedir el procedimiento de adjudicación".

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