Sánchez Quero presenta el nuevo pliego para la explotación de La Misericordia: subasta al mejor postor sin regulación alguna

El presidente de la Diputación de Zaragoza, José Antonio Sánchez Quero, ha presentado este viernes el nuevo pliego de condiciones para la adjudicación de la plaza de toros de Zaragoza, propiedad de la institución.

Esta nueva modalidad de explotación por arrendamiento viene obligada como consecuencia del Acuerdo 38/2026 de fecha 18 de marzo de 2026 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón por el que se declaró la nulidad de pleno derecho del procedimiento de licitación, así como de los Pliegos que regían el mismo, de la primera convocatoria concursal, atendiendo los recursos de las mercantiles Pueblos del toreo, SL y Tauroemción, SL.

En una exposición tan prolija y técnica como acusatoria sin eufemismos, Sánchez Quero incidió en que “no es el contrato que queríamos pero la avalancha de recursos que sufrimos [tras] el primer pliego y las decisiones del TACPA nos han situado en un escenario en el que solo nos queda [la opción] del arrendamiento patrimonial carente de regulación sobre la actividad del arrendatario”.

Antes de cargar sobre la patronal de los empresarios taurinos (ANOET), a los que calificó de “verdaderos antitaurinos” lo hizo también sobre los partidos de la oposición abundando en que “no quiero pensar en que haya un complot político-taurino para dejarnos sin toros en el Pilar”.

Solo cabe la subasta

En un escenario sin más opciones que convocar un concurso al mejor postor, el pliego, que sale por los años 2026-2027 más una prórroga de un año, tiene a DPZ como un mero casero que solo puede: fijar la cantidad económica mínima de salida que para 2026 abarca los meses de septiembre y octubre (61 días) en 150.466,87 euros y en 2027 y 2028 (en caso de prórroga) en 527.867,38 euros por una libre explotación de abril a octubre (214 días); establecer las condiciones de solvencia económica en un volumen de negocios anual en las tres últimas anualidades por un mínimo de 1.809.302,45 euros, IVA excluido, en caso de empresas, empresarios individuales o autónomos o bien acreditar un patrimonio neto por esa cantidad en caso de las personas físicas; y la concurrencia, por tanto está abierta a cualquier ciudadano sin acreditar actividad y/o experiencia alguna en el sector.

Las claves del contrato

Esto quiere decir que: 1. La DPZ no puede limitar ni regular que el adjudicatario ofrezca desde cero hasta el número y calidad de festejos que quepan en las fechas objeto de explotación; 2. El precio de los abonos y entradas sueltas así como las promociones que libremente se ofrezcan; 3. Nada se avanza (hay que remitirse al texto definitivo del pliego, todavía no incorporado a la sede electrónica de DPZ) a una posible subcontratación; 4. La adjudicación de la explotación de servicios de almohadillas y bares.

En cualquier caso, Sánchez Quero se ha aventurado a adelantar que, según los plazos que contemplan, si no se presentan recursos, podría decirse que a mitad de junio habría posibilidad de conocer la nueva empresa.