Cómo Aragón buscó su autonomía en 1936: el Estatuto de Caspe cumple 90 años

Aragón y los aragoneses tienen y han tenido una tradición de autogobierno desde hace siglos, enmarcada sobre todo por la existencia y desarrollo de ese reino de Aragón que vio la luz entre las montañas y valles del Pirineo allá por el siglo XI, que ejerció una gran influencia en Europa Occidental y en el Mediterráneo, y que existió hasta los primeros años del siglo XVIII. Un momento en el que la Guerra de Sucesión Española puso punto final a su existencia como entidad política diferenciada con la imposición de los Decretos de Nueva Planta por parte de Felipe V de Borbón y algunos de sus consejeros como el murciano Melchor Rafael de Macanaz. Durante varios siglos, Aragón desarrolló una idiosincrasia propia, con un modelo político que trataba de controlar el poder de la monarquía y que se basaba en ese Derecho foral que fue tan pionero como para contemplar algo parecido a la presunción de inocencia y que incluso prohibió hace siete siglos la tortura como método judicial para hacer confesar a los prisioneros.

Esa tradición de autogobierno siguió latente tras esa imposición de la nueva monarquía borbónica, y volvió a brotar ya en el siglo XX cuando en el régimen de la Restauración nacido en 1875 se empezó a hablar en España de dar cierto autogobierno a algunas regiones del país consideradas como históricas. Era el proyecto de las llamadas Mancomunidades, que sin embargo no se llevó a cabo por el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera de 1923. Aun así, la cuestión seguía en el candelero y volvió con fuerza ya en 1931 con la proclamación el 14 de abril de la Segunda República Española. Pocos meses después fue aprobada una nueva Constitución republicana, en la cual se contemplaba la posibilidad de que algunos territorios pudieran solicitar a las Cortes un régimen de autogobierno. El primero en lograrlo fue Cataluña, a la que unos años más tarde le siguieron la estela Euskadi, Galicia, y por supuesto Aragón.

Lo más curioso es que el impulso para la creación de un anteproyecto de estatuto aragonés salió sobre todo de Barcelona. El primer gran éxodo de población que abandonaba el campo para marcharse a las ciudades en busca de nuevas oportunidades de prosperar se llevaba produciendo desde comienzos de siglo, y aunque Zaragoza fue el gran epicentro de esa emigración haciendo que a mediados de la década de 1930 hubiera casi duplicado los habitantes que tenía a comienzos de siglo; también es cierto que el otro gran foco que recibió a aquellos aragoneses que abandonaban sus pueblos fue la capital catalana. De hecho, hacia 1936 eran más de 80.000 los aragoneses que vivían allí, pudiendo decirse perfectamente que Barcelona era la segunda ciudad con más población aragonesa, dado que Huesca, Teruel, Calatayud o Caspe rondaban los 15.000 habitantes.

Por ello, fue precisamente de esos emigrantes aragoneses marchados a Barcelona, y muy influidos por los movimientos catalanistas de la misma índole, los que buscaron lograr esa autonomía política para Aragón pensando que al abandonar el característico centralismo de Madrid, haría que Aragón prosperara y la gente dejaría de verse obligada a emigrar. En Barcelona surgen partidos como Estado Aragonés, donde destaca la figura de Gaspar Torrente, y cuyas juventudes como los llamados Almogávares hicieron un llamamiento a organizar un congreso para debatir y redactar un anteproyecto de estatuto de autonomía.

El Congreso se celebró a lo largo del mes de mayo y principios de junio de 1936 en el Teatro Goya de Caspe con más de un centenar de participantes que representaban a ayuntamientos de las tres provincias aragonesas y también a los partidos políticos que conformaban el Frente Popular. Fue pues un proyecto impulsado desde el aragonesismo y la izquierda, que a principios de junio presentó un anteproyecto conocido como el Estatuto de Caspe. Este fue sometido a consulta pública y se abrió un periodo de alegaciones con la idea de volver a reunirse después del verano en Monzón para redactar el proyecto definitivo, aunque de momento ese anteproyecto salido de Caspe fue entregado tanto al presidente de la República, Manuel Azaña, como al presidente del gobierno Casares Quiroga. Era un estatuto que contemplaba una hacienda propia, competencias en seguridad, justicia, educación, infraestructuras e incluso una policía propia.

Por su parte, la derecha aragonesa no había estado hasta ese momento muy interesada en el proceso autonomista, pero viendo que este era imparable, a los pocos días presentaron en la prensa conservadora de Aragón su propio proyecto de autonomía. A este, que también cumple su 90 aniversario, se le conoce como el Estatuto de los cinco, al firmarlo Antonio de Gregorio Rocasolano, Andrés Giménez Soler, Domingo Miral, Francisco Palá y Francisco Bernad, con la intención de abrir un proceso de debate en la derecha aragonesa y hacer sus aportaciones al proceso de autonomía. En su caso, la elección de representantes era más restrictiva que la del Estatuto de Caspe, dado que contemplaba que los procuradores de las nuevas Cortes aragonesas no se eligieran por sufragio universal, sino que serían designados por los representantes locales de los ayuntamientos salidos de las elecciones municipales.

Eso sí, presentaba varias curiosidades, como el derecho de los aragoneses a «producirse verbalmente en sus dialectos ante los Tribunales de Justicia y órganos de la Administración pública dentro de la región». También destaca un capítulo entero dedicado al restablecimiento de la institución del Justicia de Aragón y su corte, al que se le daría un mandato de cinco años tras ser elegidos por los procuradores de las Cortes de Aragón, siendo la máxima figura de representación del Aragón autónomo, llegando incluso a tener su propia policía armada para imponer sus decisiones si era necesario. Sin embargo, ambos proyectos quedaron en nada, pues a las pocas semanas el golpe de Estado del 17 y 18 de julio derivó en una guerra que daría al traste con todas estas aspiraciones.