El día que ardió Zaragoza: la rebelión de Aragón contra la monarquía de Felipe

La capital aragonesa ha vivido a lo largo de su dilatada historia, que recordemos que abarca más de dos milenios, algunas jornadas como poco moviditas e incluso muy sangrientas. No habría ni que mencionar los duros y destructivos asedios napoleónicos de 1808 y 1809. Pero también se pueden citar otros sucesos como la llamada Matanza de los Valones del año 1643 que dejó más de 80 muertos en un solo día, o el Motín del Pan o de los Broqueleros de 1766. Pero hoy escribo sobre otro de esos días que iniciaron un cambio histórico trascendental, que tuvo su epicentro en Zaragoza, pero que afectó a todo el conjunto del reino de Aragón. Ese día fue un 24 de mayo pero de hace 435 años, justamente en 1591, uno de los momentos más importantes de la historia aragonesa.

Desde hacía años, el rey Felipe I de Aragón (Felipe II en Castilla), había descubierto los tejemanejes que llevaba tiempo realizando uno de sus secretarios, el famoso Antonio Pérez, a quien se acusó, entre otras cosas, de haber estado traficando con secretos de Estado a los que tenía acceso dada su posición y los había vendido a los enemigos de la Monarquía Hispánica. Además, el rey también empezó a temer la posibilidad de que Antonio llegara a filtrar algunos de sus secretos más inconfesables, como por ejemplo el asesinato de Juan de Escobedo, el secretario personal de su propio hermanastro don Juan de Austria, dado que temía que la popularidad de este le llevara a desarrollar planes para intentar quedarse con el poder en Flandes.

Al final, Antonio Pérez fue encarcelado durante años, hasta que en 1591 aprovechó una visita de su esposa para utilizar los ropajes de esta y conseguir salir de su encierro. A uña de caballo Antonio logró alcanzar el reino de Aragón, donde pidió la protección de los fueros y libertades aragonesas y buscó el amparo del Justicia Mayor del reino aragonés, que en ese momento era Juan de Lanuza IV (el padre del que sería su sucesor en el cargo ese mismo año, Juan de Lanuza V el Mozo). Concretamente buscó la protección que le brindaba el Derecho de Manifestación, gracias al cual quedaba bajo custodia del Justicia y no de los funcionarios del rey. De esta manera, Antonio Pérez se aseguraba primero el contar con un juicio justo, al menos para los cánones de la época, y evitar además la posibilidad de que se usara contra él la tortura como método para sonsacar una confesión. Algo que los fueros aragoneses prohibían desde el año 1325.

Por supuesto, el rey Felipe no podía permitir que su exsecretario se le escapara tan fácilmente de las manos, y decidió utilizar un instrumento perfecto que habían creado sus bisabuelos, los Reyes Católicos, un siglo atrás y que le permitía poder sortear a la justicia ordinaria aragonesa. Y ese instrumento no era otro que el tribunal de la santa inquisición. Antonio fue acusado entre otras cosas de herejía, lo que permitía a los inquisidores el poder echarle el guante y pedir que este pasara de estar bajo la custodia del Justicia a que fuera trasladado a las dependencias que el tribunal inquisitorial tenía en el palacio real de la Aljafería.

Sin embargo, ese año de 1591 no era un momento cualquiera. El reino de Aragón, sus instituciones, y los sectores más foralistas de las élites gobernantes, llevaban décadas teniendo muchos choques de diferente índole con la monarquía como institución. Especialmente desde que accediera el rey Felipe al trono tras la abdicación de su padre, el emperador Carlos V, a principios del año 1556. El ninguneo al que sometió el monarca al reino de Aragón fue tomado como un insulto, pues tardó casi una década en convocar a las Cortes. Después, tardó la friolera de 21 años en volver a convocarlas, por lo que los greuges o agravios que presentaban los estamentos al monarca se fueron acumulando y tensionando las relaciones. A esto hay que añadir cuestiones como el enfrentamiento que tuvo el rey con Teruel y Albarracín, o la Guerra de la Ribagorza, en la que el soberano también estuvo implicado bajo mano y que desestabilizó durante años a buena parte del reino.

Tal era la situación de enfado que tan solo hacía falta una gota para que se colmara el vaso, pues el rey estaba incumpliendo una y otra vez aquellos fueros, libertades y tradiciones que en su momento había jurado proteger y cumplir. Y esa gota se llamaba Antonio Pérez. Por eso los sectores más radicales del foralismo salieron en su defensa. No porque les cayera bien o porque lo vieran como una cuestión de justicia, sino porque consideraban que había llegado el momento de poner coto a lo que consideraban que eran unos flagrantes abusos.

Así, cuando el 24 de mayo de 1591 empezó al traslado de Antonio desde las dependencias del Justicia Mayor hacia los cuarteles de la inquisición, se produjo un estallido de violencia en unas calles zaragozanas que fueron testigo del ataque nada más y nada menos que al principal representante de Felipe, el marqués de Almenara, que desempeñaba el cargo de virrey de Aragón. Este acabó herido y falleció unos días más tarde, el 8 de junio de 1591. Cuando el monarca tuvo noticia de lo ocurrido, ordenó que las tropas que estaba reuniendo para enviarlas a Francia a apoyar a la Liga Católica contra los protestantes hugonotes, fueran desviadas hacia tierras sorianas, cerca de la frontera con el reino de Aragón. Una amenaza que en los meses siguientes provocó el aumento de la tensión y, finalmente, que se consumara un levantamiento en armas que Felipe aplastó con dureza dejando después decenas de ejecutados, entre ellos al principal representante de la Justicia aragonesa. Pero todo comenzó un día de primavera de 1591, que marcó el inicio del que acabaría siendo un golpe fatal para el reino y sus ancestrales fueros políticos.