Hacienda ha solicitado a la magistrada del Juzgado Mercantil número 2 de la plaza del Pilar que anule la operación por la que Zaragoza Real Estate, la filial inmobiliaria del Real Zaragoza SAD, compró a ADL Technology --empresa participada por Agapito Iglesias-- una finca en La Almunia en una operación en la que la vendedora recibió uno de los pagarés de un millón de euros que había emitido el Athletic de Bilbao por el traspaso de Ander Herrera.
Esta transacción, adelantada ayer por EL PERIÓDICO, es una de las tres cuya nulidad ha solicitado la Abogacía del Estado al entender que han provocado una despatrimonialización del entramado empresarial de la compañía deportiva que preside Agapito Iglesias, que se encuentra en concurso de acreedores como su filial inmobiliaria.
Las otras dos operaciones que pide revocar la Abogacía del Estado, comparecida en los concursos de las dos empresas como representante de la Agencia Tributaria, son la enajenación de las oficinas del Zaragoza y la adquisición de una opción de compra sobre una sociedad con sede en Pozuelo de Alarcón.
Los abogados del Estado han presentado la solicitud en el procedimiento concursal de Zaragoza Real Estate, tramitado por la misma magistrada que el del Real Zaragoza SAD. Consideran que las tres operaciones suponen una despatrimonialización de la inmobiliaria --propiedad 100% de la compañía deportiva-- que pone en riesgo su hipotética futura viavilidad y que supone la enajenación de algunos de los principales activos del entramado empresarial organizado por los equipos del constructor soriano en torno a la entidad blanquilla. Salvo que los tribunales anulen las ventas, esos activos no podrían en ningún caso ser utilizados para enjuagar las deudas de los acreedores de las sociedades de Agapito Iglesias.
La compra de la finca de La Almunia supone que un efecto bancario de una entidad solvente como es un pagaré del Athletic de Bilbao no es utilizado para sanear la compañía escasa de liquidez para la que fue emitido --el Real Zaragoza SAD-- sino que lo utiliza su filial para comprar un terreno a una sociedad participada por el dueño de las dos primeras.
LAS OFICINAS El caso de las oficinas de la plaza Eduardo Ibarra guarda similitudes con el anterior. Zaragoza Real Estate lo vendió el pasado mes de abril a Cerro Murillo --filial inmobiliaria de Ibercaja--, a la que luego se lo arrendó para realquilárselo al Real Zaragoza SAD, que es quien lo ocupa y utiliza. El inmueble había sido transferido por la compañía deportiva a su filial inmobiliaria en el 2007, después de que el ayuntamiento de la capital aragonesa recalificara la finca como suelo residencial. El equipo de Agapito Iglesias pretendía erigir sobre ese suelo una promoción de viviendas de alto estánding que iba a vender a 6.000 euros el metro cuadrado.
El proyecto nunca cuajó. De hecho, la propia recalificación sigue en tela de juicio en los tribunales tras recurrirla varios vecinos.
INSTRUMENTAL Por último, la Abogacía del Estado considera inapropiado --cuando menos-- que una empresa al borde del concurso, como era hace unos meses Zaragoza Real Estate, decidiera hacerse --pagando-- con una opción de compra sobre una sociedad como la de Pozuelo.
Si la Abogacía del Estado consigue su objetivo y las ventas son anuladas, los procesos concursales del Real Zaragoza SAD y de Zaragoza Real Estate darían un vuelco. La segunda recuperaría un importante activo --las oficinas-- y elevadas cantidades de dinero. Y eso, obviamente, afectaría también a la situación patrimonial de su único accionista.
