La junta directiva de la Federación Aragonesa de Fútbol que preside Óscar Fle ha declarado este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza en calidad de investigados por un delito de coacciones por ratificar la negativa al uso de las instalaciones Puente de Santiago por parte de las categorías inferiores del equipo. La demanda por la vía penal se presentó en 2020, se admitió a trámite y el juez la archivó, pero el recurso ante la Audiencia Provincial del club provocó que en junio el caso se reabriera de nuevo en el juzgado y que los miembros de la junta directiva hayan tenido que declarar este miércoles y ahora el magistrado dictará sentencia.

El desencuentro, que ya ha agotado la vía civil, empezó cuando en el verano del 2019 el primer equipo del Zaragoza CFF tuvo que marcharse a jugar a Villanueva. El 30 de agosto de ese año ambas partes firmaron un contrato por el que sus categorías base, más de 150 niñas, dispondrían de la instalación para realizar sus entrenamientos y partidos.

El 2 de septiembre el Zaragoza CFF emitió un comunicado cargando contra la federación y esta decretó la suspensión «hasta nueva orden» del uso de los campos del Pedro Sancho por los equipos del club. A partir de ahí comenzó un cruce de denuncias que todavía no ha terminado en su vía penal. 

El pasado marzo la Audiencia Provincial de Zaragoza dio traslado a las partes de la sentencia en el contencioso de «declarar el incumplimiento de contrato por parte de Federación Aragonesa de Fútbol respecto al convenio de 30 de agosto celebrado entre las partes» en el que las categorías base del club disfrutarían del uso de las instalaciones Puente de Santiago en los días y horas fijadas en el contrato por 25.000 euros tal y como se recogía y sentenció que la Federación Aragonesa debía «indemnizar al Zaragoza Club de Fútbol Femenino», con el 15% de lo que solicitaba el Zaragoza CFF, 4.900 euros, agotando en ese momento la vía civil.