La jueza cita como imputados a Bartomeu y Sandro Rosell por el caso Negreira

La jueza de Barcelona Alejandra Gil ha citado a declarar como imputados para el próximo junio a los expresidentes del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por el caso Negreirade presunta corrupción deportiva por el pago por parte del club azulgrana de unos 7,5 millones de euros durante 18 años al exnúmero dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira, y a su hijo Javier Enríquez Romero.

Bartomeu deberá declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona el 17 de junio y el mismo día lo hará Ana Paula Rufás, la mujer del vicepresidente de Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Sandro Rosell, por su parte, será interrogado días después, el 30 de junio, junto con Javier Enríquez, el hijo del exdirigente arbitral, y los exdirectivos del Barça Albert Soler y Óscar Grau.

Tras meses de investigación y después de un cambio de titular en el juzgado por la jubilación del juez Joaquín Aguirre, que inició las pesquisas, los principales imputados podrán dar su versión ante la magistrada Alejandra Gil que el pasado mes de febrero tomó las riendas.

Da la casualidad que esta jueza Alejandra Gil había instruido en su anterior juzgado, el de Instrucción número 13, el caso Barçagate sobre presunta corrupción entre particulares y administración desleal en el que también figura como imputado Bartomeu, al que se le atribuye estar detrás de la contratación de un grupo empresarial para controlar las redes sociales y crear cuentas para difamar a jugadores y opositores a su junta directiva. Este caso continúa abierto, aunque deberá hacerse cargo de él otro juez.

Sin dilaciones

La juez Alejandra Gil ha apretado ahora el acelerador para esclarecer el caso Negreira y, para ello, ha prorrogado la instrucción del proceso judicial durante otros seis meses, contando desde el pasado 1 de marzo. En su auto, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, la togada señala que "la limitación de los plazos de instrucción está en conexión con el derecho a un proceso sin dilaciones".

En este sentido, sostiene que la investigación judicial por el caso Negreira "podría dilatarse", debido a que, a pesar de que en su día fueron acordadas, no han sido practicadas las declaraciones de los investigados, excepto la de uno de ellos, el dirigente arbitral Enríquez Negreira y en la que se acogió a su derecho a no declarar. El juzgado acordó citarlo para ser interrogado tras recibir el informe forense que le examinó y en el que constaba que sufre alzhéimer, pero eso no le incapacita para testificar.

Según la resolución de la juez Alejandra Gil, es necesario alargar el periodo de instrucción porque de las declaraciones el próximo mes junio de los exdirectivos del Barça, de la mujer de Negreira, y del hijo de este, pueden nacer la necesidad de practicar nuevas pruebas o diligencias, tales como "el rastreo del dinero o testificales de personas que pudieran corroborar, por ejemplo, la versión que sobre determinados hechos puedan dar los investigados".

El rastro del dinero

Las fuentes judiciales consultadas por El Periódico de Catalunya aseguran que por ahora no se ha hallado el destino final de los 7,5 millones de euros que el Barcelona pagó a Negreira padre e hijo supuestamente. Uno de los últimos informes remitidos al juzgado por la Guardia Civil señalaba que en la cuenta corriente de la mujer del exdirigente arbitral, Ana Paula Rufás, habían pasado hasta tres millones de euros en los últimos 20 años, entre 1992 y 2023.

Los agentes apuntaban que estos ingresos eran "aparentemente injustificados por las rentas y rendimientos trabajo (sueldos percibidos de las empresas de su marido) y del capital inmobiliario". 

Además, la Guardia Civil encontró otra "aparente irregularidad" en las cuentas de los Negreira como que "una parte de los ingresos recibidos en las cuentas bancarias" de las sociedades controladas por el exnúmero 2 de los árbitros "eran extraídos en efectivo mediante cheques al portador". Los agentes indagan el destino final de esos fondos, aunque es una tarea complicada.