Los nuevos reconocimientos médicos que deberán realizarse a todos los trabajadores para prevenir riesgos laborales supondrán un coste para las empresas superior a los 125.000 millones de pesetas (751 millones de euros). La norma entró en vigor ayer. Hasta ahora, se venían haciendo revisiones menos exigentes en algunas empresas. Y su coste corría a cargo de la Seguridad Social. La Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo asegura que las entidades asistenciales llevan años preparándose, ya que sabían que esta normativa de prevención de riesgos laborales entraría en vigor tras varios años de retraso. Ahora, cada trabajador deberá pasar distintas pruebas médicas hasta sumar un total de 34 minutos al año. Si se trata de un empleado expuesto a algún riesgo especial (como, por ejemplo, los que trabajan en la construcción, minería, industrias o transporte por carretera) los reconocimientos se ampliarán a 68 minutos al año. Estas revisiones médicas tienen un coste medio por trabajador de 9.000 pesetas (54,09 euros), aunque su precio es directamente proporcional a las pruebas a las que deba someterse cada empleado. Por ejemplo, los controles serán diferentes para un empleado de la construcción que para un administrativo. La asociación explicó que las empresas están obligadas a tener una unidad básica sanitaria por cada 1.000 trabajadores, compuesta de un médico y un ATS. Este servicio podrá contratarse en una mutua o en una empresa privada de servicios de prevención, que también llevan cuatro años preparándose para hacer frente al volumen de servicios que previsiblemente deberán asumir a partir del próximo año. La ley de prevención de riesgos laborales de 1995 establece que el empresario es el garante de la seguridad y la salud en su negocio. Pero la exigencia de que los trabajadores pasen por reconocimientos médicos específicos nunca se había cumplido. Primero se dio un plazo de dos años para crear los protocolos que diseñaran las pruebas médicas. Las mutuas de accidentes laborales también exigieron un tiempo para adaptar sus estructuras de asistencia a los 14 millones de trabajadores que están llamados a pasar por estos reconocimientos. Después, una disposición adicional de la orden ministerial del 22 de abril de 1997 permitió realizar reconocimientos generales a los trabajadores en vez de los específicos, pero no eran obligatorios. El Seguro se hizo cargo de las revisiones con un coste para el Estado de unos 13.000 millones anuales, según la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas.